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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está avanzando en la aplicación de sus reformas tributaria y previsional. Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil dio ayer el primer paso hacia la aprobación de la primera. Como parte de ese objetivo, Lula cambiará al menos a dos ministros de su Partido de los Trabajadores (PT), para incorporar a sus nuevos aliados del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del derechista Partido Progresista. Al mismo tiempo, 30 diputados petistas divulgaron un documento en el que piden un cambio de la política económica gubernamental. En particular, reclaman una baja de las tasas de interés, que se mantienen en su mayor nivel en cuatro años, 26,5 por ciento. Entre los firmantes no se encuentran los tres legisladores sometidos a un proceso de expulsión por su oposición a las reformas.
La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja decidió por 57 votos a favor y dos en contra que la reforma del sistema tributario no contradice ningún artículo de la Constitución del país, con lo que se despeja el camino para su discusión. Aunque se trató de un trámite casi burocrático, la aprobación de la citada comisión era importante para el gobierno, que así acalla las críticas de los sectores más izquierdistas del oficialismo, que aseguraban que varios aspectos de la reforma vulneraban la Carta Magna. El punto más polémico de la reforma tributaria que ha presentado Lula establece como definitivo un impuesto a las transacciones en cheques, en vigor hace cinco años, pero en forma “provisional”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, del PT, declaró que “el ritmo de las discusiones es el que esperaba el gobierno”. Según Cunha, de mantenerse ese ritmo, tanto la reforma tributaria como la del sistema de seguridad social, que el gobierno considera “vitales” para terminar de equilibrar las cuentas públicas, deberán ser aprobadas entre agosto y septiembre próximos. Un dato a tener en cuenta: la economía brasileña registró un crecimiento insignificante entre enero y marzo pasado –el PBI se retrajo un 0,1 por ciento en comparación con octubre-diciembre de 2002–, anunció el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
“La participación de nuestros nuevos aliados será cierta”, dijo por su parte el jefe de la Casa Civil, José Dirceu. Versiones de la prensa local indican que el cambio de gabinete se realizará luego de que el Congreso apruebe los proyectos de reformas impositiva y previsional enviados por el gobierno. Los nuevos aliados de Lula, en especial el PMDB del ex presidente (1985-1989) y actual titular del Congreso, José Sarney, aseguran al gobierno una amplia mayoría parlamentaria para aprobar esas reformas. El PMDB tiene 22 senadores y es el primer bloque en el Senado. Además, posee 70 diputados, la segunda bancada en la Cámara baja. El jueves de la próxima semana Lula recibirá a Sarney y a otros dirigentes del PMDB para acordar la participación de su partido en el gobierno, que además de al menos un ministerio, incluye cargos de menor nivel tanto en la administración central como en empresas y bancos estatales.