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Los prisioneros iraquíes que alegaron que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, están recibiendo el pago de 5,8 millones de dólares por la filial de una empresa contratista norteamericana acusada de complicidad en el maltrato. El dinero se les pagará a 71 antiguos detenidos de Abu Ghraib y a otros centros de detención controlados por Estados Unidos en Irak, y es la primera vez que los prisioneros reciben indemnización de una empresa contratista en actividad.

Los reclamos fueron hechos contra L-3 Service Inc, que provee traductores e interrogadores a las milicias norteamericanas en Irak, muchos de los cuales fueron usados en Abu Ghraib. L-3 Services es una filial de Virginia-Engility Holdings, que es una escisión de L-3 Communications –la contratista principal del gobierno– y Fortune 500, compañía que emplea a más de 50 mil personas y tuvo una facturación de más de 15 mil millones de dólares en 2011. Dentro de la junta directiva de L-3 está el ex general de la armada Hugh Shelton, que fue el oficial superior de las milicias norteamericanas y el principal asesor militar del presidente Clinton entre 1997 y 2001; y John P. White, que fue el subsecretario de Defensa norteamericano desde 1995 hasta 1997.

Los pagos, que fueron hechos hace dos meses, fueron revelados en un documento de Engility presentado ante la Comisión de Bolsas y Valores, y que fueron publicados por la agencia Associated Press. La demanda judicial, que fue presentada originalmente en Greenbel, Maryland, en 2008, alegó que L-3 Services permitió que muchos de sus empleados participaran en la tortura y el abuso de presos durante un largo período en todas partes de Irak. La misma indicó que la compañía “intencionalmente no informó sobre los reiterados ataques de los empleados de L-3 y otras conductas delictivas de sus empleados a las autoridades de Estados Unidos o de Irak”.

Las fotografías explícitas de los presos iraquíes de Abu Ghraib siendo maltratados (foto) condujeron a la indignación, cuando se hicieron públicas por primera vez en abril del 2004. Las mismas mostraban a iraquíes desnudos amontonados uno sobre otro, presos amenazados por perros o conectados y encapuchados para recibir descargas eléctricas. Algunos detenidos murieron después de ser sometidos a un abuso prolongado.

Otras fotografías mostrando tortura, abuso y violación fueron descriptas por los oficiales militares norteamericanos, pero nunca publicadas. Las imágenes impulsaron demandas civiles por parte de cientos de iraquíes detenidos por las fuerzas estadounidenses. Engility fue citada diciendo que no haría comentarios sobre asuntos legales; y Baher Azmy, un abogado de los ex presidiarios, expresó que existía un acuerdo para conservar los detalles de la resolución en secreto. Otra contratista, CACI, espera ir a juicio por acusaciones similares.

Las Cortes norteamericanas todavía están lidiando con la pregunta de si las contratistas en una guerra tienen inmunidad para no ser demandadas.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Romina Lascano.