Desde Barcelona

En rápida respuesta a las declaraciones de Mariano Rajoy, que anteayer ratificaba su desvinculación con la trama de financiación ilegal y malversación de fondos que salpica estos días al Partido Popular (PP), Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de los socialistas, no dejó pasar ni 24 horas y lanzó su ofensiva. En una rueda de prensa convocada en Toledo, el Secretario General del PSOE anunció que su organización pedirá una comisión de investigación en el Congreso y solicitará al juez instructor del caso Gürtel que investigue las presuntas “comisiones ilegales” del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Ante la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo, los socialistas emprenderán una triple acción judicial y parlamentaria para esclarecer si hubo sobresueldos en el PP y a quién benefició la amnistía fiscal aprobada por el gobierno el pasado año.

En primer lugar, Rubalcaba advirtió que mañana en la Diputación Permanente del Congreso, el PSOE pedirá la comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que den información sobre el origen del dinero. “Si se demuestra que Bárcenas ha regularizado las cuentas en Suiza a través de la amnistía fiscal, Montoro no puede seguir al frente de Hacienda ni un minuto más”, declaró el líder de la oposición. Como segunda medida, el PSOE solicitará la creación de una Comisión de investigación parlamentaria para que estudie “a fondo” la financiación irregular y propondrá una ley para “acabar con la opacidad en la amnistía fiscal”. En este sentido, también reclamará al ministro de Hacienda que facilite a los inspectores de este departamento los expedientes de la amnistía fiscal, para que “empiecen a investigar desde mañana mismo”. Rubalcaba reiteró la importancia de que se sepa si Luis Bárcenas se favoreció con la medida promulgada por Rajoy y que se conozca “cuántos Bárcenas” lo hicieron.

Ya en el ámbito judicial, los socialistas pedirán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que habilite un juez de refuerzo para que en este sumario “se llegue hasta el final, se sepa la verdad y se haga con celeridad”. Además, a través de la agrupación en Valencia, personada como acusación en el “caso Gürtel”, presentarán una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para que investigue la presunta financiación irregular y los sobresueldos en el PP.

La sospecha de que el ex senador y tesorero del PP pagaba copiosas retribuciones a diversos cargos de la agrupación destapa el deficiente control de las finanzas de los partidos políticos en España. Los informes del Consejo de Europa denunciaron en más de una ocasión la existencia de malas prácticas en su administración financiera y la incapacidad del Tribunal de Cuentas para una supervisión efectiva. Al no poder cruzar datos con la Agencia Tributaria (el equivalente a la DGI), dicho tribunal no sabe, por ejemplo, si altos cargos del PP recibieron y declararon ingresos extra. Para colmo, las cuentas de los partidos se conocen con seis años de retraso. Según información publicada en el diario El País, los datos más recientes sobre la contabilidad del PP datan de 2006 y 2007, cuando Bárcenas era gerente (ascendió a tesorero en 2009). El informe del Tribunal de Cuentas observa que ni el PP ni los demás partidos “recogen la actividad de la mayor parte de la organización local ni la de los grupos políticos en las corporaciones locales”. Un punto que el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), destacó debido a que “los riesgos de corrupción son particularmente altos”.

Por otra parte, trascendió en los últimos días la noticia de que en los papeles que prueban que Luis Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros en una de sus cuentas en Suiza, se revela también que comparte negocios en Argentina con uno de sus predecesores en el partido, Angel Sanchís. Tesorero del PP hasta 1988, Sanchís dimitió en 1990 tras verse implicado en el caso Naseiro, el primer gran sumario de financiación ilegal de ese partido, que fue luego archivado por el Supremo al considerar que las escuchas telefónicas se habían realizado de modo ilegal. En las fichas bancarias que maneja el juez de la trama Gürtel, consta que Bárcenas y su esposa tienen participaciones en una gran empresa de cítricos ubicada en la provincia de Salta, La Moraleja, propiedad de Sanchís. La policía sospecha que buena parte del dinero que llegó a haber en las cuentas suizas acabó finalmente en Argentina. La información remitida por las autoridades del país helvético puso sobre la mesa la pieza del puzzle que faltaba. Según esa documentación, entre abril y junio de 2009 Bárcenas ordenó sacar 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas para enviarlos a los bancos HSBC y UBS en Estados Unidos. Al mismo tiempo, dio poderes al también ex tesorero del PP Angel Sanchís para que realizara inversiones a fin de “diversificar patrimonio” en Argentina y Brasil.