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Por primera vez en seis años el liderazgo y la autoridad moral del primer ministro Tony Blair están en entredicho. Dos comisiones parlamentarias están investigando si el gobierno británico manipuló, exageró o mintió abiertamente sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y la amenaza que suponían para la seguridad de Gran Bretaña. Y una encuesta reciente coloca a los conservadores a sólo un punto de los laboristas en las preferencias de voto (algo que no sucedía desde 1992), mientras que el porcentaje de aprobación a la gestión de Tony Blair es el más bajo desde que ganó su primera elección el 1º de mayo de 1997.
En septiembre del año pasado, el primer ministro compareció con su reputación aún intacta ante la Cámara de los Comunes. En un clima de clara hostilidad a una acción militar conjunta con Estados Unidos, Blair pintó un cuadro apocalíptico sobre las amenazas que se cernían sobre Gran Bretaña. Los informes de inteligencia demostraban que Irak tenía un variado arsenal de armas de destrucción masiva, podía realizar un ataque devastador con sólo 45 minutos de antelación, tenía vínculos probados con la red terrorista Al-Qaida y constituía una gravísima amenaza para la seguridad de Gran Bretaña y el mundo. En su momento, la intervención parlamentaria del primer ministro fue calificada como “memorable” por la prensa británica. Hoy se ha convertido en un filoso boomerang que puede precipitar su caída.
No cabe duda de que unos miles de litros de ántrax en el desierto iraquí harían mucho más por apagar las penas de Blair que varios litros de la cálida cerveza inglesa. El problema es que no aparecen y su ausencia recuerda mejor que nada toda la encendida retórica oficial en torno de las armas químicas, biológicas y hasta nucleares que supuestamente poseía Saddam Hussein.
Peor aún. Cada día se suman más voces que expresan escepticismo sobre la posibilidad de hallar algo. Y no se trata de protagonistas de las marchas contra la guerra que sacudieron la modorra política de los países desarrollados a partir de enero de este año, sino de los mismos instigadores del conflicto. El mes pasado, el secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld disparó la polémica al admitir que era probable que no se hallaran armas de destrucción masiva en Irak. Poco después, en una entrevista con la revista estadounidense Vanity Fair, el número dos de su departamento, Paul Wolfowitz, puntualizó que el tema de las armas había sido una “estrategia burocrática” para lograr la unidad del gabinete de George W. Bush.
La polémica desató una batalla entre el gobierno británico y sectores de los servicios secretos que no quieren pagar los platos rotos. En la Cámara de los Comunes Blair reivindicó “la eficiencia y profesionalismo” del espionaje británico, el MI6, “uno de los mejores del mundo”, pero al mismo tiempo, como quien ofrece una deliciosa bebida con veneno, subrayó que su evaluación del peligro iraquí se basaba enteramente en la información que los servicios secretos le habían proporcionado.
Los servicios no permanecieron callados. En una serie de trascendidos a la prensa que pronto adquirieron el fragor de una guerra mediática, “altas fuentes de inteligencia” indicaron que habían sufrido una intensa presión del gobierno para que sus informes tuvieran más “sex-appeal” y que, en más de un caso, habían protestado por lo que interpretaban como un uso selectivo y parcial de sus datos.
Uno de los principales acusados de presionar a los servicios para que produjeran pruebas sobre Irak es el director de comunicaciones de Blair, Alastair Campbell, periodista con fama de monje negro. The Independent on Sunday señaló la semana pasada que los servicios de seguridad habían guardado las minutas de sus conversaciones con Campbell, con el jefe de gabinete de Blair, Jonathan Powell, y con el coordinador de seguridad e inteligencia del gobierno, Sir David Omand. En una de las minutas, Campbell se habría referido al llamado “dossier tramposo” asegurando a los jefes de inteligencia que el gobierno no volvería a hacer nada que “pudiera mancillar la reputación” de los servicios.
En enero la oficina del primer ministro presentó un dossier a la opinión pública, que sería utilizado unas semanas más tarde por el secretario de Estado norteamericano Colin Powell ante la ONU, para convencer al Consejo de Seguridad de que aprobase una segunda resolución autorizando el uso de la fuerza contra Saddam Hussein. Según se supo más tarde, el dossier había sido parcialmente plagiado de una tesis de posgrado que utilizaba una serie de fuentes secundarias –recortes de prensa, informes de institutos especializados– para evaluar la existencia de un programa de armas de destrucción masiva en Irak.
No fue el único caso de manipulación informativa comprobada. Otra de las “pruebas” de la oficina del primer ministro, también utilizada por Powell ante el Consejo de Seguridad –que Irak había intentado comprar uranio en Nigeria, tercer productor mundial del producto– resultó una falsificación de un vivillo nigeriano que aprovechó el río revuelto de la preguerra para embolsarse unas libras esterlinas haciéndose pasar por un diplomático del país africano.
En todo caso, la respuesta a estas preguntas empezará a conocerse en las próximas semanas con la investigación que están llevando a cabo dos comités parlamentarios. El Comité de Seguridad e Inteligencia tiene un mayor acceso a los servicios secretos, pero debate a puertas cerradas, responde al primer ministro y sus conclusiones pueden estar llenas de espacios en blanco si el gobierno considera que ciertos párrafos ponen en peligro la seguridad nacional. El de Asuntos Exteriores tiene más limitaciones en cuanto a la información que le proporcionarán los servicios, pero puede interrogar a ministros y funcionarios en sesiones abiertas al periodismo y la gente.
No cabe duda de que el normalmente tímido verano británico será muy caliente para Tony Blair y su gobierno.