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El sueño de varias generaciones de juristas y de militantes de los derechos humanos se hizo realidad. Ayer, en la ciudad holandesa de La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo fue oficialmente investido como primer fiscal de la Corte Penal Internacional, la CPI. Este organismo creado en julio de 1998 mediante el Tratado de Roma, está encargado de juzgar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Aunque limitado en su alcance real debido a los “candados” introducidos en el Tratado, al hecho de que sólo en los Estados que lo ratificaron –hasta hoy 90– los criminales pueden ser perseguidos y, por sobre todas las cosas, a las mil y un trabas puestas por la administración norteamericana de Georges Bush, la creación de la Corte y la posterior nominación de un fiscal, en este caso Moreno Ocampo, marcan la entrada en acción efectiva de la CPI.
Luis Moreno Ocampo prestó juramento en el Palacio de la Paz de La Haya levantando la mano derecha y hablando en francés. Antes, el presidente del CPI, el juez canadiense Philippe Kisrch, abrió la ceremonia poniendo de relieve el carácter histórico de la investidura: “La Corte Penal Internacional dejó de ser una inspiración para convertirse en una realidad”. Ahora, la Corte tiene una sede, 18 jueces, un fiscal y, hasta hoy, 400 querellas –“comunicación” en el lenguaje de la Corte– que, según precisó Moreno Ocampo durante la ceremonia, serán examinadas en el plazo de un mes. Las últimas conciernen a la situación en el Congo, en Costa de Marfil y una querella presentada por un gabinete de abogados griegos contra los países de la coalición que ocuparon Irak a partir de marzo de este año. Elegido por unanimidad en el pasado mes de abril por los entonces 78 Estados que ratificaron el Tratado de Roma, la investidura del fiscal argentino interviene en un momento de arduos antagonismos entre algunos países del Viejo Continente y los Estados Unidos. La administración Bush, que retiró la ratificación del Tratado aceptada por la administración demócrata de Bill Clinton, protagoniza una auténtica guerra de guerrillas contra la Corte a fin de obtener que sus ciudadanos que hayan cometido algunos de los delitos que competen a la CPI caigan bajo su jurisdicción. La semana pasada y a pesar de la oposición del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, Washington consiguió que el Consejo de Seguridad de la ONU votara una resolución “exceptuando” durante un año a los soldados que cumplen misiones “humanitarias” de ser juzgados por la Corte. Como si fuera poco, la Casa Blanca, a fin de pasar por encima de esta nueva jurisdicción internacional, intenta por todos los medios firmar tratados bilaterales con el mayor número de países posibles –38 hasta hoy– donde se estipula que sus ciudadanos no serán extraditados a La Haya. Washington alega que de esta manera se “protege” de la tentación que puede llevar a condenar a norteamericanos no según principios jurídicos sino “políticos”. Frente a esa posición, los europeos se oponen a lo que consideran como “un cinturón de seguridad” en torno de la CPI y promueven la universalidad de la Justicia.
Con todo, la CPI existe y en su estado actual es un primer embrión de ese principio de “Justicia universal” tan defendido por quienes persiguen desde hace décadas a los peores criminales y genocidas de que se tenga memoria. El presidente de la Asamblea de los Estados miembros de la CPI, el príncipe jordano Zeid Ra’Ad zeid Al Hussein, destacó ayer que el “poder legal que le confiamos –a Moreno Ocampo– no tiene precedentes en la historia, ni por su amplitud ni por su significado”. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales subrayaron en La Haya los “gigantescos desafíos” que esperan al nuevo fiscal. Para las ONG, el másimportante es dotar al organismo de “una política penal coherente” capaz de operar con racionalidad entre las numerosas opciones con que cuenta en sus estatutos. Richard Dicker, director de la ONG Human Right Watch, no ocultó su desconfianza frente a Luis Moreno Ocampo. Dicker señaló que “este día era esperado desde hacia mucho tiempo pero interviene demasiado tarde para millones de víctimas. Esperamos que Moreno Ocampo sea el campeón de la justicia”. Sin embargo, el director de Human Right Watch no parece muy contento con el nombramiento del actual fiscal. Considerado como “del más alto calibre” por Kofi Annan, Dicker estima que “los lazos del fiscal con los Estados Unidos” debe ser muy “apreciado” por la administración norteamericana.
Lejos de esas preocupaciones Luis Moreno Ocampo, en su discurso de investidura, destacó el carácter “independiente” e “interdependiente de la Corte”, atacó a las multinacionales, a la prensa, y defendió un principio de justicia que no puede quedar en una vana esperanza. En esta entrevista exclusiva con Página/12, Luis Moreno Ocampo expone sus ambiciones.
–Usted protagoniza hoy uno de los sueños más potentes de la jurisprudencia internacional: contar con una Corte permanente capaz de juzgar lo que casi siempre queda impune.
–Para mí es un gran privilegio ser fiscal y también una enorme responsabilidad. Un fracaso nuestro es el fracaso de una idea que tardó un siglo en materializarse. Además, se trata de una idea central para la paz del mundo. Tenemos que ser independientes y al mismo tiempo interdependientes. Conseguir los consensos de los países no es únicamente una tarea mía, también es un trabajo de otros países y de las ONG.
–Eso no quita que sólo 90 países ratificaron el Tratado de Roma, que hay grandes potencias que no lo hicieron y que existen otras radicalmente opuestas a la existencia de la CPI.
–Lo particular de esta fiscalía está en el hecho de que, normalmente, en un país cualquiera el fiscal aplica reglas que tienen consenso en la sociedad. En este caso, mis reglas no tienen consenso en el mundo, esto muestra la complejidad del mundo. Aún no logramos conseguir un consenso sobre cosas tan básicas como castigar a autores de genocidio. Obviamente que nos falta mucho para tener una comunidad internacional que piense como tal. En ese contexto, la CPI y la fiscalía son como una avanzada de esa idea. Por lo pronto, tenemos que ser muy claros con las dificultades y muy precisos en las políticas que vamos a implementar y cómo lo vamos a hacer. Creo que los miedos y los desacuerdos de los diferentes países son razonables y entendibles en el contexto de un mundo tan complicado y con algo tan nuevo. A mí no me parece poco que 90 países hayan ratificado el Tratado de Roma. Dentro de un año podemos tener 150 y luego todos. Es un proceso de tiempo y tenemos que explicar muy bien lo que estamos haciendo.
–Para usted es un signo positivo que justo antes de que haya sido investido como fiscal México aceptara extraditar a España al torturador Ricardo Cavallo.
–En los últimos 10 años el derecho internacional ha evolucionado muchísimo. Este caso es parte de lo que pueden hacer los jueces nacionales. Pero ahora tenemos la CPI, que tiene una visión más permanente y más global. Hay que recalcar que los crímenes masivos nunca son únicamente nacionales, por eso tenemos que enfrentarlos con sistemas que no sean únicamente nacionales sino internacionales. Eso es lo que estamos creando. En la medida en que todavía no tenemos una CPI aceptada por todos los países del mundo aún no tenemos una Justicia universal. Hay avances muy significativos. Entre Yugoslavia y hoy se hizo mucho y supongo que en los próximos 10 años habrá más progresos. No se trata solamente del tema de los aparatos formales de Justicia. Me parece que los ciudadanos del mundo, los medios de comunicación y los Estados tienen que entender esta situación: hay que trascender la audiencia local, el Estado nacional y vercómo interactuamos. Así como hay ciudades y Estados nacionales es preciso entender la relación entre Estados nacionales y sistemas globales.
–Cómo analiza en el tiempo el Juicio a las Juntas argentinas donde usted participó. ¿Piensa que faltó algo?
–Primero yo creo que el caso de la Argentina demuestra que en esa época hubo un apoyo muy fuerte del sistema internacional. Mi nombramiento es un reconocimiento no solamente a mí sino a mi país, donde se juzgó a las Juntas. Fue uno de los primeros juicios donde mostramos un sistema de represión global. Nosotros lo hicimos dentro de un sistema nacional. Luego vinieron los límites a la investigación y, en ese contexto, el caso de Ricardo Cavallo es una discusión sobre eso, sobre los límites de la investigación. Pero en términos de la transformación del país el Juicio a las Juntas fue clave. Los juicios ayudaron a una sociedad que entendió lo que no podía permitirse.
–¿La política de la actual administración norteamericana no es un nuevo límite, tanto para la CPI como para el principio de Justicia universal?
–En mi trabajo específico, como todavía no empezó, por ahora no tengo ningún problema. Yo creo que en la medida en que mostremos la seriedad con la que trabajamos los miedos y la falta de comunicación se van a reducir. Vamos a mejorar mucho las investigaciones con los Estados del mundo. Espero que no tengamos problemas con las investigaciones de los casos que yo tengo que hacer. La Corte no se puede medir por el número de sentencias que saca. Hay un efecto global que tiene por su sola existencia.