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Las tres primeras semanas del gobierno estuvieron marcadas por cuestiones políticas. La cuarta comenzará con anuncios económicos. Néstor Kirchner se reunió ayer con Roberto Lavagna y Alberto Fernández para revisar los últimos detalles de las medidas que el jefe de Economía daría a conocer hoy. Una versión surgida en el Palacio de Hacienda indicaba que habría novedades respecto de la disputa con Eduardo Eurnekian y Franco Macri por las concesiones de los aeropuertos y el correo. Sin embargo, otras altas fuentes oficiales negaron que ese sea el tema en cuestión, y se limitaron a confirmar el encuentro del Presidente con sus ministros y la preparación de los anuncios.
Lavagna retornó el sábado de Estados Unidos, adonde visitó de manera imprevista al subsecretario del Tesoro, John Taylor. La evaluación de ese diálogo fue otro de los temas que se trataron ayer. El ministro de Economía comentó que existe un clima más favorable para la próxima negociación con el FMI del que encontró en el pasado, cuando Duhalde era presidente.
Por el lado de la Jefatura de Gabinete, una de las tareas que Fernández tendrá esta semana es recibir a los secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de todo el país. Los sindicalistas irán mañana a reclamar por la cancelación de la deuda con empleados públicos y jubilados por el recorte del 13 por ciento en sus haberes entre julio de 2001 y diciembre de 2002. La demanda resurgió con el cambio de gobierno y porque un fallo judicial de primera instancia anuló el decreto de DuhaldeLavagna que disponía el reintegro de aquel dinero en títulos públicos con vencimiento en 2008. La presión del FMI fue determinante para que esa fuera la solución.
Los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, del Instituto de Estudios y Formación de ATE-CTA, demostraron que el Estado tiene capacidad fiscal para ponerse al día con sus agentes y con los jubilados. Sólo depende de la voluntad política. De acuerdo a las estimaciones de Lozano-Raffo, en base a datos oficiales, el Gobierno obtendrá este año un superávit primario de 9899,5 millones de pesos. La deuda total con empleados y jubilados, actualizada por el Indice de Precios al Consumidor hasta mayo inclusive, asciende a 2705,4 millones de pesos.
Aunque los recursos alcanzarían para reponer el dinero a todos los afectados, el reclamo de mínima de ATE será que este año se cancele en efectivo la deuda con aquellas personas que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Una familia tipo requiere 720 pesos mensuales para esquivar esa condición. La estimación del sindicato es que hay 103.906 agentes con remuneraciones inferiores, mientras que la cifra se estira a 640.229 jubilados. “Así, nuestra propuesta de ‘Ningún hogar pobre en la Argentina’ implica en este caso un costo fiscal de máxima de 1385 millones de pesos, que equivale al 14 por ciento del resultado primario y a cerca del 55 por ciento del resultado financiero (considerando el pago de la deuda con organismos)”, explican.
Pero el principal argumento que expondrán ante Fernández será que el Gobierno reconoció una deuda con exportadores por 1000 millones de pesos, de los cuales pagó este año 380 millones. “La deuda que se les reconoce a los beneficiarios de la devaluación es prácticamente igual a la que se mantiene con trabajadores y jubilados que se encuentran por debajo de la línea de pobreza”, denuncian Lozano y Raffo. “Resulta absurdo y aberrante que el excedente fiscal se canalice hacia aquellos sectores que han sido beneficiarios directos de la devaluación cuando hay necesidades más apremiantes”. En la Jefatura de Gabinete señalaron que la reunión de mañana será para escuchar los reclamos, pero que no pueden prometer nada de antemano.