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Finalmente, el Parlamento griego aprobó ayer el paquete de medidas de ajuste acordadas hace dos semanas con la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional), requisito fundamental para obtener el próximo tramo de rescate por un total de 8800 millones de euros. El paquete de leyes fue apoyado por una amplia mayoría gracias a los votos de los diputados del gobierno tripartito dirigido por el conservador Andonis Samarás.

La oposición, en tanto, se expresó en contra. La votación se hizo por el procedimiento de urgencia, con solo dos días de debate, que aquélla calificó como violación de la democracia parlamentaria. El acuerdo firmado con la troika contempla el despido de 4000 funcionarios este año y de otros 11.000 en 2014. A juicio del sindicato Adedy, las medidas aprobadas suponen el fin de los servicios públicos y la demolición del Estado de bienestar.

Sobre el procedimiento, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, argumentó que el paquete de medidas debía salir adelante antes de la reunión que mantendrá hoy el equipo de trabajo del Eurogrupo en la que se deberá dar luz verde al desembolso del tramo correspondiente a marzo, por valor de 2800 millones de euros. Se espera que en el encuentro del Eurogrupo, previsto para el 13 de mayo, se apruebe el pago del siguiente tramo, de 6000 millones de euros, que corresponde al trimestre en curso.

Grecia necesita con urgencia fondos para pagar salarios, pensiones y los bonos que vencen el 20 de mayo, insistió Sturnaras durante el debate. Las cesantías comenzarán mediante el despido de funcionarios a los que se les abrieron expedientes disciplinarios, jubilaciones anticipadas y la eliminación de puestos que se volvieron superfluos, a partir de la fusión de numerosas instituciones públicas.

En el último tiempo, Samarás insistió en que la salida de estos empleados públicos abre las puertas a una amplia reestructuración del Estado, que pretende fomentar la excelencia y la contratación de gente joven. El paquete de medidas contempla además la unificación a partir de 2014 de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, reduciendo su totalidad en un promedio del 15 por ciento. Sin embargo, durante 2013 se mantendrá la tasa extraordinaria que desde el año pasado se recauda a través de la factura de luz y que causó una ola de protestas. También se ofrecerá la posibilidad de pagar en cuotas las deudas atrasadas con la cartera de Hacienda. Asimismo, se prevé la liberalización de algunas profesiones, como la de técnicos agrónomos, vendedores ambulantes, asesores fiscales o contables.