El gobierno español aprobó ayer una nueva reforma educativa resistida por docentes y alumnos. El proyecto, que consolida recortes en el sector, pasará ahora al Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta. Entre los puntos más controvertidos de la norma se destaca la recuperación de la asignatura Religión como opcional, que además contará para la nota promedio para acceder a becas o a efectos de repetición, medida que responde a una exigencia de la Iglesia Católica. En línea con este cambio ideológico, también se elimina la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía, introducida por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que aborda cuestiones relacionadas con la ética, valores democráticos y convivencia. Aunque existe una materia alternativa a Religión denominada Valores Culturales y Sociales, el cambio supone un retroceso histórico con respecto a los avances en aras de la consecución de un Estado laico que deje atrás los vestigios de la alianza con la Iglesia de la dictadura franquista. “Con esta medida lo que se intenta es frenar que cada vez menos niños optan por la religión”, afirmó Fernando Delgado, presidente de Europa Laica, organización española que fomenta el laicismo.

“Esta es la ley más importante de la Legislatura”, aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al referirse a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), nombre oficial de la norma conocida como ley Wert, por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. “Es una reforma fundamental que pretende mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes”, añadió Sáenz de Santamaría, quien remarcó que España no se puede permitir un abandono escolar del 25 por ciento, el doble de la media europea. La vicepresidenta subrayó asimismo que el proyecto tiene como objetivo reforzar los conocimientos instrumentales, flexibilizar las trayectorias, desarrollar sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía de los centros educativos. “También se busca fomentar la cultura del esfuerzo, disminuir el número de repetidores y modernizar la formación profesional”, enfatizó.

“El 40 por ciento de los chicos menores de 15 años repitieron al menos un curso, y esto supone una deficiencia económica muy densa para el Estado”, argumentó por su parte Wert, promotor de esta ley que implanta un modelo de rendición de cuentas que evalúa los centros educativos en base a criterios meramente económicos. El ministro pretende que la séptima reforma educativa en 37 años de democracia esté aprobada en los próximos meses y llegue a las aulas el próximo año. Wert, que ha expresado su intención de españolizar a los catalanes y que considera un adoctrinamiento la materia Educación para la Ciudadanía, es uno de los miembros del Ejecutivo que más animadversión genera entre la ciudadanía. Tras la reciente huelga general de 24 horas del 9 de mayo en todos los niveles de enseñanza pública –infantil, primaria, secundaria y universidades–, el sector educativo anunció que llevará a cabo nuevas protestas.

“Nunca un ministro concitó tanto rechazo, no puede ser que todo el mundo esté equivocado”, aseguró el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, quien calificó la nueva reforma como el mayor ataque a la educación pública. Por su parte, la vicesecretaria general de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Elena Valenciano, aseguró que la norma quiebra el principio de igualdad en la educación de España. Además aseguró que el PSOE trabajará en el Parlamento para modificar la ley educativa, pero garantizó que la derogarán cuando vuelvan al poder.

Algunos cambios importantes en la escuela es que los alumnos repetirán si desaprueban más de dos materias (antes eran tres) y tampoco pasarán de curso si las dos son matemáticas, lengua o un idioma oficial. También se elimina la “selectividad”, examen final para acceder a la universidad, y cada centro hará el suyo propio. En las universidades se reducen becas y presupuesto, y se instauran los principios del plan de Bologna, que unifica criterios a nivel europeo, más ligados al mercado.

Por otro lado, la reforma anticipa un grave conflicto territorial con Cataluña y el País Vasco, regiones con fuerte identidad nacional propia, y también con comunidades como Andalucía, gobernada por los socialistas e IU.

Según la nueva norma, el Ministerio de Educación español toma control de los contenidos de materias troncales, a pesar de que la educación está descentralizada y es competencia de los gobiernos regionales. En el caso de Cataluña, la ley obliga a financiar con fondos públicos a centros privados para niños que quieran escolarizarse únicamente en castellano, ya que actualmente la lengua vehicular es el catalán, idioma que se habla a nivel regional. El Estado adelantará el dinero a los centros y se los descontará a Cataluña de forma excepcional hasta que el gobierno regional garantice la educación en castellano en los centros públicos.

“Esta ley es un ejercicio de autoritarismo, aislado político y socialmente”, sostuvo la Plataforma por la Escuela Pública, que nuclea a asociaciones de padres y a la mayoría de los sindicatos, y que anunció nuevas manifestaciones contra la reforma. Se han recortado más de 6700 millones de euros de los presupuestos educativos desde 2010, lo que se ha traducido en despidos de personal y, en consecuencia, en todo tipo de apoyos y refuerzos para los alumnos con dificultades. En la educación universitaria se han endurecido los requisitos académicos para conseguir y mantener las becas, y se ha incrementado de manera significativa el precio de las matrículas.