Según el informe anual de Amnistía Internacional (AI), en las Américas existen avances en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, para el organismo aún persisten la tortura, la violencia contra la mujer y otras violaciones a los derechos humanos. El fracaso de las intentos por llevar ante la Justicia a los responsables había colocado una larga sombra sobre muchos países de la región. Pero juicios de gran trascendencia en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay marcaron importantes avances en el camino hacia la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en décadas pasadas. De todas maneras, AI ratifica que en algunos Estados del continente la lucha para el acceso a la Justicia persistió. En Haití, el proceso contra el ex presidente Jean Claude Duvalier continuó estancado en los tribunales. Y en Estados Unidos se hicieron pocos progresos para que rindan cuentas los responsables de abusos cometidos como parte del programa de detenciones secretas de la CIA durante la administración de George W. Bush, que incluye a quienes están encerrados sin juicios justos ni garantía alguna en la prisión de Guantánamo.

Aunque la situación en términos generales continuó mejorando en los últimos años, el continente sigue afrontando numerosos desafíos en el campo de los derechos humanos. “Además de los problemas crónicos en la región como la impunidad, la tortura y los malos tratos a los detenidos, ataques contra periodistas, violencia contra la mujer, discriminación hacia los más vulnerables y los miles de casos de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales que quedan sin aclarar, en 2012 se pueden destacar una cantidad de situaciones delicadas, como la situación de discriminación que viven los pueblos indígenas y los ataques contra el sistema interamericano de derechos humanos”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Los ataques contra el sistema interamericano de derechos humanos, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte de algunos Estados tuvieron el propósito de debilitar su mandato. Sin embargo, gracias a la movilización de las organizaciones de derechos humanos y otros Estados, el sistema superó esa crisis. Los pueblos indígenas continuaron enfrentando ataques a su derecho a sus tierras ancestrales por parte de terratenientes o empresas interesadas en los recursos naturales. En una sentencia histórica, la CIDH reafirmó el derecho de los indígenas a ejercer su derecho al consentimiento previo libre e informado en relación con proyectos de desarrollo.

La inseguridad y la violencia ligada a grupos criminales, pero con frecuencia generada por las propias fuerzas de seguridad, afectó a numerosos países de la región, como México, Guatemala, Honduras y Brasil. En Colombia estas amenazas provienen de las acciones de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares que frecuentemente operan en asociación con las últimas y grupos guerrilleros. “Las acciones de delincuencia común y de las bandas delictivas constituyen importantes desafíos para todos los países de la región. Y los gobiernos están fracasando en contenerlas”, destacó el informe. Además, señaló, “están aprovechando de modo sistemático estas preocupaciones legítimas para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder a actividades ilícitas o de grupos armados”.

En el informe, AI destaca que no ha habido cambios en relación con la violencia contra las mujeres y las niñas y la falta de reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Hubo algunos progresos en países como Uruguay, que dio a todas las mujeres el derecho a abortar dentro de las primeras semanas de embarazo, y en Argentina, donde se autorizó el aborto sin permiso judicial si el embarazo fuese el resultado de una violación. Sin embargo, en países como Chile, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana, el aborto aún en casos de violación o cuando el embarazo representa una amenaza para la salud de la madre continuó prohibiéndose. A contramano de lo que sucede en la mayoría de los países desarrollados, América latina cuenta con una legislación anticuada en lo que a derechos reproductivos se trata.

AI registró e investigó abusos contra los derechos humanos en 159 países y territorios de todas las regiones del mundo durante 2012. El informe arroja cifras alarmantes en relación con la sistemática violación de garantías individuales y derechos básicos: 112 países torturaron a sus ciudadanos, 101 reprimieron el derecho de su ciudadanía a la libertad de expresión, 80 sometieron a personas a juicios injustos, en 57 se detuvo a presos de conciencia y 155 votaron a favor de la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas en la Asamblea General de la ONU en abril de 2013. Sin embargo, destaca que sólo 21 Estados llevaron a cabo ejecuciones en 2012 y que, a finales de dicho año, más de dos tercios de los países del mundo, cerca de 140, habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Por conflictos armados entre Estados, guerras civiles o persecución política, 12 millones de personas eran apátridas a principios de 2012 y 15 millones están actualmente registradas como refugiados. Por las mismas razones, en 36 países, hombres, mujeres y niños fueron desalojados de sus viviendas y en 31 se registraron desapariciones forzadas.