El juez federal Sebastián Casanello envió a Río Gallegos la denuncia de la diputada Elisa Carrió que, sobre la base de fotocopias de unas 200 fotografías, sostiene que el empresario Lázaro Báez desempotró una caja de seguridad en su quinta de esa ciudad y se habría llevado bienes, armas y documentación a una estancia donde se habrían quemado los papeles. Casanello dejó copia de toda la documentación en su juzgado, pero envió los elementos para que se investigue en la jurisdicción en la que supuestamente ocurrió, Río Gallegos. Paralelamente, Báez invitó al periodismo de Río Gallegos dos veces a su quinta, les permitió recorrerla, y buscó demostrar que no hubo cambios en el subsuelo, lugar en el que Carrió decía que estuvo la bóveda. Ayer, también Báez abrió las puertas de su casa en el centro de Río Gallegos. Los colaboradores del empresario sostuvieron anoche que algunas de las fotos fueron tomadas en la quinta, pero las tomas claves –en las que se ve la supuesta caja de seguridad– son de algún otro lugar. Respecto de una camioneta en la que se llevaban paquetes, las fotografías no identifican al vehículo y menos todavía los contenidos de los paquetes.

La denuncia de Carrió fue entregada al fiscal Guillermo Marijuán y de inmediato se hizo pública a través de los medios del Grupo Clarín. La metodología resulta llamativa: en lugar de mantener en secreto la acusación para permitir que el fiscal y el juez investiguen, que convoquen a quien sacó las fotos o a algún otro testigo o que se identifiquen las camionetas usadas, se buscó producir un efecto mediático y político. Poco tiempo después, Báez exhibió su casa a los periodistas y ni siquiera los cronistas del propio diario porteño sostuvieron lo divulgado horas antes.

Casanello consideró que las fotos no evidencian, a priori, ningún delito y que, en todo caso, si se infringió la ley fue en otro distrito, Río Gallegos. Podría tratarse, por ejemplo, de encubrimiento o destrucción de prueba. Pero, además, en la causa porteña el objeto procesal es otro: los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de Báez. Las imputaciones corresponden a hechos del primer semestre de 2011. De manera que lo denunciado puede tener o no tener que ver con lo que investiga Casanello. Por ello, el juez dispuso dejar una copia en su juzgado y enviar la denuncia a la ciudad santacruceña, donde quedará en manos del juzgado federal que actualmente está cargo de una conjueza, Andrea Askenazi. Si de esa pesquisa surge algún dato para la causa que instruye Casanello, el juzgado del Sur lo notificará. Es decir, el juez judicializó lo recibido enseguida. Además, quince minutos después de recibir la denuncia, Casanello ordenó una custodia para quien sacó las fotos y otros dos testigos.

El fotógrafo de ocasión fue Manuel Triviño, empleado de Austral Construcciones y carpintero. Quienes trabajan con Báez dicen que puede haber sido convocado para hacer algunas molduras en la quinta y tal vez eso le permitió sacar las fotos, pero que las tomas de la supuesta caja no son de la propiedad del empresario. Lo que se vio en la cava es que por la estrecha escalera no hay lugar para meter o sacar una bóveda y tampoco hay rastros de revoques o cambios en la pared. Seguramente la jueza de Río Gallegos llamará a declarar a Triviño, pero el impacto mediático ya le quitó posibilidades a la investigación.

Cuando Carrió se enteró de que Casanello remitió la causa a Río Gallegos, arremetió contra el magistrado y dijo que hoy presentará una causa por encubrimiento. Parece una movida con pocas perspectivas, sobre todo teniendo en cuenta que la forma de hacer la denuncia, publicándola de inmediato, no dejó ningún margen para tomar medidas sorpresivas en la causa. Además, Casanello no frenó la causa, sino que la envió a quien está más cerca del lugar y sería más eficiente en la investigación. Por su parte, el fiscal Marijuán también cuestionó ayer a la tarde la decisión de Casanello, presentó una apelación, y hoy a la mañana Casanello seguramente formará un incidente dentro de la causa y lo remitirá a la Cámara Federal. Durante la jornada de ayer, la Cámara resolvió que quede en manos del juez Sebastián Ramos el expediente por la declaración de Miriam Quiroga, la encargada de correspondencia durante el gobierno de Néstor Kirchner y locutora de la campaña electoral del santacruceño. Por lo que se desprende de la declaración que ya dio ante el juez Julián Ercolini, la mujer dice que vio bolsos, que le dijeron que adentro iba dinero, pero no sabe la fecha aproximada ni tiene ninguna evidencia para aportar.

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