La 43a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue inaugurada ayer en Guatemala, centrada en el problema de las drogas, en la migración, en el aborto y el matrimonio igualitario. Estos temas están incluidos en las resoluciones presentadas en este encuentro, que tiene lugar en la ciudad colonial de Antigua. Por segundo día consecutivo, un grupo de guatemaltecos se congregó ayer a las puertas del hotel que sirve de sede a la asamblea, con pancartas en contra de la despenalización del aborto y frases de agradecimiento al presidente del país, Otto Pérez Molina, quien ya adelantó que su gobierno no promoverá leyes que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El presidente anfitrión afirmó que Guatemala es un país conservador y, por lo tanto, que está contra la ampliación de derechos civiles y reproductivos, posición que prometió dejar sentada en la asamblea. “Nosotros vamos a poner una reserva marcando nuestra posición. Los países tienen la libertad de hacer las reservas del caso y nosotros lo vamos a hacer”, agregó. Los temas del aborto y el matrimonio igualitario fueron centro de intensas exposiciones en un diálogo entre la sociedad civil, trabajadores y el sector privado con la OEA, que fue instalado por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza. Los países de la región presentan grandes diferencias en lo que respecta a ambos asuntos, con posiciones antagónicas.

Por otra parte, la legalización de las drogas es el otro gran asunto a discutir, debate cada vez más fuerte en América latina, con el ejemplo de las discusiones legislativas en Uruguay o el informe de la OEA sobre el futuro de la guerra contra las drogas. El secretario de Estado, John Kerry, en lo que es su primer viaje oficial a la región, llegó a Antigua para explicar a la región que no puede esperarse ningún cambio en la política antidrogas de Washington. Además de la subsecretaria adjunta para América latina, Roberta Jacobson, el secretario de Estado viajó con el subsecretario responsable de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, y el experto antidrogas, Gil Kerlikowske. Todo un despliegue diplomático que no puede ocultar, sin embargo, que en Estados Unidos no hay una postura uniforme: en Colorado y Washington aprobaron en noviembre pasado la legalización de la venta de marihuana.

Ante la falta de unanimidad sobre el asunto, Bolivia pidió que se considere el impacto positivo de la experiencia de países que despenalizaron la posesión de estupefacientes. La comitiva boliviana, encabezada por el canciller David Choquehuanca, consideró que el tema prioritario del encuentro debía ser la lucha antidrogas en el continente americano. Al menos 14 países de Latinoamérica mostraron su interés en impulsar una nueva estrategia de lucha antidrogas, informó ayer el canciller de Guatemala, Fernando Carrera. Una de las proposiciones es despenalizar el consumo de drogas como plan para eliminar el narcotráfico que, adelantó, cuenta con el apoyo de los países de Centroamérica, Uruguay, Colombia y México.

Otto Pérez expresó su voluntad de avanzar sobre los temas de narcotráfico y migración que, según su opinión, constituyen los más urgentes para la región. Sin embargo, en su encuentro con Kerry antes del comienzo de la asamblea, focalizó en el problema de las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos. Según Carrera, Guatemala buscaba llevar el tema de la despenalización al conjunto de países y no a una discusión de carácter bilateral con Washington. El informe Estrategia Internacional para el Control de Drogas, presentado el 5 de marzo por el Departamento de Estado norteamericano, estima que más del 80 por ciento del principal flujo de cocaína que llegó a ese país en 2012 primero pasó a través del corredor de Centroamérica. El informe presenta datos contundentes que pueden ser utilizados por el grupo de países pro despenalización para rebatir la posición de Washington. El cinco por ciento de las drogas destinadas a Estados Unidos pasó por Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica y el 95 por ciento de las drogas cultivadas y producidas en Sudamérica son transportadas ilegalmente por Centroamérica, México y el este del Pacífico hasta la frontera.

Sin embargo, algunos de los activistas comentaron su preocupación por el resultado de la asamblea, que culminará mañana, y piden que se dé un tratamiento integral al problema de las drogas. Carmen Rosa de León, directora ejecutiva de Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), consideró que la declaración que busca cambiar la política contra las drogas hace énfasis en la despenalización y deja rezagado el tráfico de armas, salud y prevención. “La declaración ha sido débil en el tema de lavado de dinero y en explicar el mecanismo de control para valorar y medir el avance de cada país en la lucha contra las drogas”, indicó. De León recordó que Centroamérica pidió a Estados Unidos la corresponsabilidad por ser un país consumidor. Carrera dijo que Guatemala tiene claros esos puntos a los que se refieren las organizaciones sociales y han sido incluidos. “Se tuvo una negociación en Washington bastante consensuada, con excepción de dos artículos, pero muchas de las recomendaciones de la sociedad civil fueron recogidas”, concluyó.