Con la intención de instalar el debate en la agenda política, un grupo de legisladores presentó ayer en público un proyecto de ley para regular los contratos de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, donde se estima que hay unas 300 mil viviendas desocupadas, a la par de que el déficit habitacional afecta a cerca de medio millón de familias. Una de las claves de la iniciativa es triplicar la tasa de ABL para aquellas propiedades que están ociosas durante más de un año para estimular de esa manera su puesta en el mercado de alquileres. “Al aumentar la oferta, van a bajar los precios”, estimó el legislador Aníbal Ibarra, autor de la iniciativa, junto a su compañera de bancada, María Elena Naddeo.

El proyecto ingresó a la Legislatura en noviembre último –como lo adelantó oportunamente Página/12–, pero ayer se presentó en público, en la sede del gremio de los Trabajadores del Subte, que conduce Roberto Pianelli. Además de los autores, acompañaron la presentación el titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López; el legislador Edgardo Form (Nuevo Encuentro) y el senador nacional por Tierra del Fuego, Osvaldo López, autor de un proyecto de regulación de alquileres a nivel nacional, que duerme en la Comisión de Legislación Penal del cuerpo, desde noviembre de 2011.

“El proyecto generó resistencia por parte de la Cámara Inmobiliaria argentina, donde dicen que mucha gente va a retirar la vivienda del mercado, pero no todos los locadores son abusivos”, dijo el senador López a Página/12. En el mismo sentido, Ibarra opinó que su proyecto no perjudica a los propietarios: “No estamos proponiendo ni el congelamiento de alquileres ni la suspensión de los desalojos”, dijo. Y aclaró que la propuesta se encuadra en el artículo 31 de la Constitución porteña, el que “auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos”.

El proyecto prevé la intervención reguladora por parte del Estado para evitar abusos y no dejar a los inquilinos a merced del mercado. Para eso propone fijar el valor de los alquileres en no más del 0,7 por ciento del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), un coeficiente que se utiliza para calcular la tasa de ABL. Con lo recaudado mediante la presión impositiva sobre las viviendas ociosas, se conformaría un fondo destinado a otorgar garantías y a subsidiar hasta el 50 por ciento del contrato de las familias que nunca hayan alquilado un inmueble para vivienda. El contrato mínimo se eleva de dos a tres años y se crea un registro de inmuebles y otro de contratos, en el ámbito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Ibarra pone en números, en la fundamentación del proyecto, las tendencias en materia inmobiliaria: mientras la cantidad de hogares propietarios de vivienda cayó, entre 2001 y 2010, el 6,2 por ciento (de 692 mil a 649 mil), la categoría inquilinos fue la de mayor crecimiento, el 50,9 por ciento (de 227 mil hogares a 343 mil) en ese lapso. En la torta de la tenencia de vivienda, la participación de los inquilinos creció del 22,2 al 29,9 por ciento, mientras que la de los propietarios cayó del 67,6 al 56,4 por ciento. Los números explican cuál fue el destino de muchas viviendas construidas en la Ciudad durante el reciente boom inmobiliario.

“Es muy importante que la sociedad tome este proyecto, en una ciudad donde hay un gobierno que es heredero del modelo neoliberal de los ’90, con un mínimo de control del Estado y máxima regulación del mercado”, afirmó Form. “En una ciudad que tiene vivienda sin ciudadanos y ciudadanos sin viviendas, es necesario que una ley lo regule”, coincidió Eduardo López, de UTE. “Es impensable que con mayoría del PRO este proyecto pueda avanzar, pero vamos a dar el debate”, admitió Naddeo que, pese a todo, espera que cambie la relación de fuerzas legislativas en octubre.

La presentación del proyecto se hizo en el marco de una campaña de difusión pública, que hasta ahora se manifestó en mesas informativas callejeras. Estuvieron presentes representantes de cooperativas de vivienda, barrios carenciados y organizaciones de inquilinos, todos interesados en que la ciudad tenga alguna vez una política de vivienda social.