Arranca junio y en el Hemisferio Norte el curso escolar se termina. Lo habitual sería estar decidiendo si mar o montaña para las vacaciones, pero este año la comunidad educativa en España no se relaja. A los recortes presupuestarios impuestos por la crisis se suma la reforma educativa que el ministro José Ignacio Wert quiere llevar adelante, sin más apoyo que el de la Iglesia Católica y la patronal de la escuela privada. La comunidad docente y todos los partidos de la oposición acusan al PP de devolver la escuela a tiempos franquistas, en los que las aulas estaban divididas por sexo y la religión era obligatoria (dos puntos que recoge la nueva norma). “Esta ley nos retrotrae a los años ’70, al período preconstitucional, porque la laicidad es fundamental para que haya democracia” asegura Pere Lirón, portavoz del área de educación del sindicato CGT. “La historia sagrada tiene que ofrecerse dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y no ligada a una Iglesia que presenta su versión como verdad absoluta. Una cosa es la cultura y otra el adoctrinamiento”, añade Lirón.

Otra de las recriminaciones que la comunidad educativa le hace a la reforma del ministro Wert es la de fomentar la privatización de la educación. Su declaración de intenciones puede verse ya en el prefacio de la ley, donde la enseñanza se define como “un medio para crear ciudadanos capaces de competir en el libre mercado”, y no “individuos críticos preparados para la convivencia democrática”, tal como consta en la legislación actual.

El representante de CGT advierte que la reforma permite expresamente recurrir a la inversión privada, “así el gobierno puede seguir reduciendo las asignaciones a la escuela pública” y que, por otra parte, desaparece la obligación del Estado de construir escuelas cuando haya demasiada demanda de plazas, “otorgando, en cambio, libertad total para la creación de centros privados, a donde se podría derivar a los alumnos que no tuvieran lugar en las públicas”.

La nueva ley cambiará también los criterios para la financiación estatal de las escuelas, estableciendo pruebas externas para clasificar a los colegios según sus resultados y en base a ellos dotar de mayores recursos a unos u otros. Anna Montero, representante del sindicato UGT, explica que ya no se pagará en función de las necesidades de los centros y sus alumnados sino de acuerdo con la puntuación que obtengan en estos rankings. “De esta forma se fomenta la competitividad entre profesionales, además de discriminar a los sectores más desfavorecidos, porque las escuelas se volverán más selectivas y rechazarán a aquellos que puedan hacer bajar su clasificación, a inmigrantes por ejemplo”, denuncia esta profesora de Barcelona.

Por otro lado, los docentes se muestran preocupados por las modificaciones que el gobierno quiere introducir en el funcionamiento interno de los centros, donde la figura del director cobrará un protagonismo inusitado. “Volveremos a un sistema autoritario, en el que la dirección se encarga de la admisión de alumnos y de la composición de la plantilla del centro”, afirma Carme Jodar, portavoz del área educativa del sindicato CNT. “Esto antes dependía de un sistema público de concursos, pero ahora se saltan todas las garantías de igualdad y el director puede escoger unos perfiles de docentes determinados por sus criterios subjetivos, tal como sucede en las empresas.”

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) es la octava reforma de la enseñanza que se realiza desde la llegada de la democracia. Pese a que el ministro Wert defiende que es un cambio necesario para dejar atrás las alarmantes cifras de abandono escolar temprano (un 24,9 por ciento), desde la oposición se considera que parte del fracaso del sistema de enseñanza español se debe, precisamente, a esta continua modificación de las leyes. Pedro Galiana, delegado del sector educativo del sindicato USOC, confirma que “el porcentaje de alumnos que salen sin un título profesionalizado es menor al 50 y la causa fundamental es esta falta de consenso, que obliga a los profesores a estar rehaciendo continuamente programaciones didácticas. En este país –añade–, la enseñanza está tan ideologizada que nos consta que cuando gane el PSOE la ley volverá a cambiarse, igual que teníamos clarísimo que la norma de Zapatero la iba a modificar el PP cuando ganara”.

El malestar por la imposición de la Lomce llega en un contexto de profundos recortes educativos (más de 6700 millones desde 2010) a causa de la crisis económica y los estrictos objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. La portavoz de UGT, Anna Montero, cuenta cómo vive estas reducciones en su labor diaria como docente de secundaria: “El mayor problema es que se dejaron de hacer sustituciones. Ahora, cuando falta un profesor, se reparten los alumnos en distintos grupos o se los lleva el docente que está cargo de una clase reducida, es decir, de aquella diseñada para chicos con dificultades. El resultado es que se deja de atender a los estudiantes más necesitados”.

Por su parte, Carme Jodar, militante del sindicato CNT y también profesora, testimonia que les sacaron del sueldo las horas de trabajo en casa para la preparación de clases, “con lo cual la calidad de la enseñanza evidentemente baja”.

A la vez que se recorta en salarios y se aumenta la ratio de alumnos por aula, se lanza en España una reforma que, según el propio ministro Wert, costará 408 millones de euros. Pere Lirón, de CGT, responde a esta paradoja: “Es otro de los despropósitos de una ley que está hecha sólo con la voluntad de crear enfrentamiento y es imposible de aplicar tal como está planteada”.