Tras una semana de movilizaciones, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, se reunieron con dirigentes agrarios para intentar destrabar el paro. El encuentro tuvo lugar en Tunja, capital del departamento de Boyacá, donde se presenta una de las situaciones más complejas por el bloqueo de rutas y choques entre campesinos y policías. Santos sostuvo que los diálogos deben ser regionales y por sectores agrarios, y únicamente cuando cesen los bloqueos. “El gobierno anda de arriba abajo buscando interlocutores, tratando de forzar mesas regionales. Pero el paro es nacional, el único que no lo quiere ver así es el gobierno. Apenas se inicie la mesa nacional, estamos dispuestos a deponer las protestas”, señaló Eberto Díaz, vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA). Los agricultores exigen al gobierno la derogación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), la fijación de precios mínimos de sustentación a sus productos y una rebaja para los precios de los fertilizantes y las semillas. También piden mayor acceso a la propiedad de las tierras.

Estupiñán se había reunido el fin de semana con los líderes de la protesta en Boyacá, sin lograr un acuerdo, aunque una fuente del ministerio dijo que se había avanzado mucho. Pero Díaz, que organiza la protesta, reiteró que ésta sólo se levantará si Santos acepta una negociación de carácter nacional. Díaz, que además es el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria en Colombia, detalló que por haber firmado un TLC con la UE, más de 400 mil lecheros se verán afectados con la entrada de este producto del exterior. También se encuentra el tratado con Estados Unidos con los rubros maíz y arroz, que está quebrando la producción nacional. A raíz del TLC, en el país existe el incremento de las privatizaciones, como es el caso de las comunicaciones y de electricidad.

“Los Tratados de Libre Comercio lo que buscan es la destrucción de los territorios, el desplazamiento de comunidades enteras y la eliminación de los bosques, es por eso que no podemos permitir esto. El TLC es un cheque en blanco que el gobierno entrega a las transnacionales y las principales potencias del mundo”, consideró Díaz. “Con los Tratados de Libre Comercio los más perjudicados son la clase trabajadora; hoy vemos los efectos negativos de los TLC que Colombia estableció con Estados Unidos y Europa”, agregó.

Entre el 15 de mayo de 2012, cuando entró en vigencia el TLC, y el pasado 31 de marzo, la facturación a Estados Unidos, sin incluir petróleo, ascendió a 46.004 millones de dólares, para un incremento anual de sólo 3,3 por ciento. En tanto, las compras colombianas a los proveedores estadounidenses en el mismo período fueron de 13.249 millones, un alza de 13,6 por ciento. De esta manera, el superávit comercial de Colombia con Estados Unidos se redujo por primera vez desde 2007, y pasó de 8991 millones en 2011 a 8527 millones en 2012, según destaca el diario colombiano El Tiempo.

Según el vocero de la MIA, en los enfrentamientos resultaron heridos 200 manifestantes, mientras que otros 250 fueron apresados. Las protestas, en las que intervienen unos 200 mil agricultores, continúan en 11 de 32 departamentos. Diputados departamentales de Boyacá acudieron ayer ante la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos a denunciar abusos por parte de la policía antidisturbios y la muerte de tres personas en medio de los bloqueos de vías. “Solicitamos que garanticen los derechos de la población frente al abuso del Esmad (escuadrón antimotines)”, afirmó Osman Roa, presidente de la Asamblea Legislativa de Boyacá.

“Desde el pasado 19 de agosto, cuando comenzó el paro campesino, fueron recibidos con un tratamiento de guerra; el gobierno ha militarizado todas las regiones del país, lo cual impidió que muchos trabajadores de la tierra salieran de sus lugares de orígenes, y más de 150 campesinos se encuentran detenidos”, explicó Díaz. También aseguró que, dentro de las movilizaciones, los jóvenes están siendo manipulados para generar disturbios. “Las manifestaciones campesinas son autónomas, los trabajadores agrarios siempre han sido pacíficos, las fuerzas públicas son las que provocan a la población que se encuentra movilizada.” Díaz hizo un llamado al gobierno para que respete el derecho constitucional a la movilización, a la libre expresión y a la libre organización de las comunidades rurales en el país.

La oficina de la ONU llamó a la calma y al diálogo y manifestó preocupación por las muertes, mientras que el defensor del pueblo, Jorge Otálora, refirió abusos de la policía y los agricultores que denunciará ante la Fiscalía. Videos que muestran presuntas agresiones de la policía contra manifestantes circulan en redes sociales, por lo que el director de la institución, Rodolfo Palomino, ordenó una investigación.