La Corte Suprema terminará de definir hoy qué instituciones podrán participar como apoyo a Clarín y al Estado nacional, a modo de amicus curiae, en la audiencia pública que se hará mañana como paso previo a una resolución sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdS CA). De todos modos, ayer dio a conocer la lista de los que aspiran a intervenir en ese carácter de terceros interesados. Podrán ser hasta cinco entidades por cada una de las partes, pero además se presentaron otras diez con pedidos para intervenir en el debate de manera independiente. El tribunal deberá definir también si acepta un pedido de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para exponer sus argumentos, que tal como expuso en el trámite de la causa son favorables a la validez constitucional de la norma en discusión.

Ayer, a lo largo del día, se presentaron oficialmente ante la Corte todas las entidades que aspiran a participar como terceros interesados o amigos del tribunal. Para dar soporte a la postura de Clarín se postularon la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Fundación LED (Libertad de Expresión más Democracia), el semiólogo Eliseo Verón, el Comité del Consumidor (Codelco) y la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Paga para Iberoamérica. Entre los abogados patrocinantes hay nombres conocidos, como los constitucionalistas Gregorio Badeni y Andrés Gil Domínguez. Del lado del Estado le pidieron a la Corte ser amicus el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad Nacional de San Martín, la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y

la Universidad Nacional de La-nús, con el patrocinio de Víctor Abramovich.

En el caso de Gils Carbó, fue primero el alto tribunal el que la invitó para estar presente en la audiencia y, a partir de esa convocatoria, ella propuso hacer una exposición pública de sus fundamentos. La procuradora, al dictaminar en el caso, opinó que el máximo tribunal debe confirmar la constitucionalidad de la LdSCA y, para eso, revocar la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que declaró inconstitucionales varios puntos de los artículos 45 y 48 de la norma (el primero limita la concentración de medios, y el segundo dice que la multiplicidad de licencias no es un derecho adquirido). Según la procuradora, los camaristas se fundaron en conceptos con “un notable sesgo en la conceptualización de la libertad de expresión y del derecho de propiedad, que ignora los paradigmas de la realidad económica actual y prescinde absolutamente de la dimensión social y pública de los intereses en juego que inspiraron la sanción de la nueva ley”. Su planteo es que lo que afecta la libertad de expresión es la concentración monopólica.

Como amigos del tribunal que quieren participar de manera “independiente”, la Corte ya aceptó a la Defensoría del Pueblo y al Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA. La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci) intervendrá sólo por escrito. Y el tribunal debe decidir si admite a: la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), al abogado Lucas Sebastián Grosman, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación Civil Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom), la Universidad Nacional de Moreno y la Asociación Comunitaria Aborigen Napalpí.

La Corte informó ayer que hay 126 periodistas acreditados para asistir y cubrir la audiencia pública, y que también pidieron presenciarla las senadoras Liliana Fellner y María Eugenia Estenssoro, de la Comisión Bicameral de seguimiento de la ley; el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; la diputada Laura Alonso; y la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila “Pimpi” Colombo.

Hoy, los jueces supremos terminarán de definir todos los detalles de la audiencia que comenzará a las 10, pero podría extenderse más de un día. Afuera del Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle, también habrá mucha actividad en la jornada “Por la democracia y la libertad de expresión; en defensa de la Ley que el pueblo escribió”, que está convocada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), donde habrá debates abiertos y un acto a las 17. A lo largo del día también se podrá ver allí la transmisión en vivo de la audiencia.