Ecuador formalizó ayer una denuncia por crímenes de lesa humanidad, la primera en su historia, contra nueve ex militares y un ex policía. Los cargos son por torturas, violencia sexual y desaparición forzada contra tres ex militantes de una organización armada que actuó en los ochenta. El fiscal general de Estado, Galo Chiriboga, expuso durante dos horas los detalles de su investigación y pidió la prisión preventiva de diez oficiales del ejército y la policía por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín. En el cierre de la jornada, la jueza Lucy Blanco ordenó la prisión para tres acusados, arresto domiciliario para otros seis y prohibición de salir del país al último, en virtud de su estado de salud.

Vaca, Cajas y Jarrín eran militantes del movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) y fueron arrestados en la provincia de Esmeraldas el 10 de noviembre de 1985 por fuerzas del entonces presidente León Febres-Cordero. Chiriboga remarcó que, con la presentación, Ecuador cumple con parte de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, como garantizar la vigencia de los derechos humanos. Los acusados, de entre 58 y 81 años, no estuvieron presentes en la audiencia, pero sí sus abogados, que no pudieron torcer la voluntad de la magistrada.

Los militantes fueron detenidos por militares que los llevaron al Batallón Montúfar primero y luego a la Agrupación de Inteligencia Militar, en las afueras de Quito. Allí los encerraron en mazmorras malolientes, denunció Chiriboga. “Sin fórmula de juicio, se les torturó, golpeó, sumergió en agua y pasó electricidad por el cuerpo, especialmente y de forma sádica por los genitales”, expuso el fiscal. Junto a dos de las víctimas, Cajas y Vaca, Chiriboga subrayó que, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional sobre delitos de lesa humanidad, pese a que pasaron 28 años no hay prescripción.