No hubo acuerdo entre Argentina y Uruguay sobre la autorización a la pastera UPM-Botnia para aumentar su producción. Los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, junto a sus equipos técnicos, se reunieron ayer en Buenos Aires para analizar la propuesta uruguaya de dar un aval a la empresa a cambio de que realizara inversiones medioambientales, pero las delegaciones se retiraron del encuentro sin poder hacer ningún anuncio, lo que puso en evidencia la falta de acuerdo. La pregunta es si ahora, como anticipan algunos diarios en Montevideo, el presidente José Mujica va a dar unilateralmente la autorización. Si esto sucediera, el gobierno argentino hará una nueva denuncia ante la Corte Internacional de La Haya.

El encuentro de trabajo se realizó por la tarde, en el edificio de la Cancillería. Resultó una reunión extensa. Los funcionarios argentinos insistieron sobre tres temas no resueltos. Por un lado, hay una discusión con la contraparte uruguaya sobre los niveles de contaminación actuales del río Uruguay, que a criterio argentino está saturado. Por otra parte, la Cancillería volvió a pedir respuestas a veinte preguntas sobre las consecuencias ambientales que conllevaría autorizar el aumento de la producción de pasta de celulosa. Finalmente, los funcionarios pidieron a sus pares uruguayos que se termine de consensuar una normativa común para el monitoreo. Sucede que a pesar del tiempo transcurrido, todavía no hay parámetros consensuados entre las partes sobre cuáles son los niveles de toxicidad aceptables. Por esto, cuando llegan los resultados de los análisis de las muestras tomadas en el río, los técnicos de la CARU no logran ponerse de acuerdo. Los uruguayos se guían por lo que dicen las reglamentaciones de su país y aseguran que Botnia no contamina, pero los argentinos, tomando normas más altas, sostienen que sí hay un daño ambiental.

Un funcionario que participó en el encuentro aseguró a Página/12 que la delegación encabezada por el canciller Almagro “no quiso flexibilizar en nada” sus posiciones”, por lo que “no se pudo avanzar”.

El diario El Observador, de Montevideo, aseguró en su página web que Mujica anunciará hoy que habilitará a Botnia para aumentar su producción anual a 1,2 millón de toneladas de celulosa. El diario citó “fuentes oficiales” según las cuales el presidente uruguayo esperará a reunirse con la delegación que estuvo en Buenos Aires y pasaría a continuación a hacer el anuncio.

De ser así, el gobierno argentino lo denunciará como una decisión unilateral que viola lo establecido por el Tribunal Internacional de La Haya, que en su fallo tomó la producción anual de la pastera en un millón de toneladas anuales.

Ayer, terminada la reunión, el gobierno nacional mantuvo un cerrado silencio sobre el tema. El que salió a hablar, incluso antes de que el encuentro en la Cancillería se diera por concluido, fue el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que rechazó cualquier posibilidad de que la Argentina diera su aval al pedido de la pastera.

“El diálogo es importante, pero el aumento de la producción de UPM es algo claramente no negociable y ésa es la posición del gobierno argentino y de la provincia de Entre Ríos”, planteó el mandatario provincial. También advirtió que “hay que evitar que Uruguay ponga el tema en una suerte de indefinición porque ellos en la indefinición avanzan”.

La planta está en estos momentos haciendo pruebas de producción, luego de su parada anual para realizar trabajos de mantenimiento. Aunque todos los años hace esta parada en octubre, esta vez dejó de producir en agosto, lo que tiene consecuencias laborales y enrarece el clima social de Fray Bentos. Los directivos aducen que necesitan aumentar la producción para mantener la planta activa mayor cantidad de meses al año.

La habilitación unilateral a la empresa viene siendo defendida públicamente por el canciller Almagro, con el respaldo de la oposición. Los motivos esgrimidos son que Uruguay “ya cumplió” con “todos los pasos” establecidos en los convenios bilaterales y en el fallo de La Haya, informando a la Argentina a su debido tiempo (el pedido fue presentado a la CARU en marzo del año pasado), por lo que, sostuvo el canciller, una nueva denuncia argentina ante La Haya no tendría futuro.

Gastón Silberman, titular de la delegación uruguaya en la CARU, se expresó ayer en el mismo sentido: “Uruguay remitió absolutamente toda la información solicitada por la Argentina de acuerdo con lo que establece el artículo 8 del Estatuto, y complementó además la información en una segunda instancia”, aseguró. Es decir que en términos legales, los funcionarios aseguran haber cumplido con todos los requisitos, por lo que sugieren que sólo falta que el presidente tome la decisión política de otorgarle la autorización a la pastera.