Desde Barcelona

Si bien anteayer fue para toda España el gran día de los regalos, Gaspar, Melchor, Baltasar y sus camellos, ayer la decisión del juez José Castro de citar a declarar a la infanta Cristina como imputada por blanqueo de capitales y delitos fiscales confirma que en el país ibérico cada vez cuesta más creer en los Reyes. En un auto hecho público ayer, el instructor del caso Nóos, que desde 2010 encausa a Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno del rey Juan Carlos, por malversación de fondos a través de una fundación sin fines de lucro que dirigía junto a su ex socio Diego Torres (también imputado), fija para el próximo 8 de marzo la fecha de la primera declaración ante un juez de un miembro de la familia real española.

Castro toma esta decisión en contra del criterio de la fiscalía, que se opuso en todo momento a la citación de la hija del rey. El juez ya citó a la infanta el pasado mayo, pero la Audiencia Provincial rechazó esa declaración, al tiempo que animaba al instructor a seguir investigando. De la postura que adopte ahora esta sala depende que la infanta termine sentada declarando ante Castro y las partes personadas en el caso Nóos.

La infanta Cristina poseía junto a su marido la sociedad Aizoon, a la que la investigación considera destinataria de fondos procedentes de la ONG Instituto Nóos, con la que Iñaki Urdangarin y su entonces socio Diego Torres consiguieron irregularmente más de seis millones de euros de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP). En el auto de 227 páginas redactado por el juez Castro para la citación se detalla cómo la infanta cargó a Aizoon gastos que nada tenían que ver con la actividad de la sociedad, desde parte de la reforma del palacete de mil metros cuadrados que la pareja tenía en Barcelona (y que hoy se encuentra embargado porque Urdangarin y Torres no hicieron frente a la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que les correspondía) hasta “facturas por la compra de cuatro libros de Harry Potter y uno sobre creatividad”, según menciona el juez en el auto. “Se habrá de coincidir en que no ofrece discusión quién debía abonarlos”, dijo Castro respecto de estos recibos. El juez razona que aunque el administrador de Aizoon era Urdangarin, la infanta entregaba a su marido facturas de esos gastos personales para que las cargara a Aizoon, por lo que “no parece que a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto”.

La infanta, asegura el juez, participó en la contratación del servicio doméstico que hizo pasar como trabajadores de Aizoon. Y fue ella quien les comunicó que cobrarían “en negro”, situación que se prolongó hasta que los empleados reclamaron su regularización para poder obtener la residencia española. También apunta a que es la responsable del “autoalquiler” de oficinas para la sociedad. “Fue suscrito personalmente por ella, no sólo en calidad de arrendadora, que era obligada, sino también de arrendataria, en un claro ejemplo de autocontratación”, explica el documento. “Todo ello, abunda en un nuevo cauce para el vaciado de fondos y la posibilidad de que cometiera blanqueo de capitales”, declaró el juez.

Después de tres años de investigación y dos intentos frustrados de imputar a la hija menor del Rey, Castro considera ya “inadmisibles” las peticiones realizadas en el marco del caso respecto de un “especial cuidado” por tratarse de la infanta. La fiscalía, la defensa de Cristina de Borbón y el resto de partes personadas tienen ahora de tres a cinco días para recurrir la decisión del juez ante la Sala, que podría fallar a finales de febrero, teniendo en cuenta que en la anterior citación tardó casi cinco semanas en pronunciarse.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, confía en que el gobierno, a través de la fiscalía, no ponga “más zancadillas” al juez del caso Nóos y que la infanta Cristina pueda declarar finalmente como imputada. En este sentido, exigió al PP que deje de “meter las narices” en los asuntos de la Justicia y en otros organismos independientes, como la Agencia Tributaria.

La Casa Real, por su parte, decidió en esta ocasión no cometer los mismos errores de la vez anterior en que la infanta fue imputada, en abril del año pasado, cuando se atrevió a manifestar públicamente su “sorpresa” con el cambio de criterio del magistrado y su “absoluta conformidad” con la decisión de recurrir la imputación planteada por la fiscalía anticorrupción “en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad”. Como, en su día, aquellos comentarios fueron tomados como una intromisión en la actuación de la Justicia, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, optó ayer por un sobrio “respetamos todas las decisiones judiciales”, aunque hace unos días, en una entrevista para la televisión estatal (TVE), declaró abiertamente “que los tres años de instrucción del caso Urdangarin fueron un martirio”.

La citación de la infanta cava todavía un poco más hondo en el foso donde la institución monárquica española yace desde los últimos años. A raíz de la creciente implicación del yerno del rey en escándalos de corrupción y de la famosa foto en la que don Juan Carlos aparece triunfal junto al cadáver de un elefante, su trofeo de caza, durante un safari de lujo en Botswana (al tiempo que el país pasaba por uno de los peores momentos de la crisis económica) la imagen de la Casa Real viene cayendo en picada. El coordinador de Izquierda Unida y un número cada vez mayor de organizaciones sociales insisten, por eso, en que es necesario que se celebre cuanto antes un referéndum en el que los españoles puedan decidir qué modelo de Estado quieren, si seguir con la monarquía o apostar por la República.