EL MUNDO
Un triunfo contra viento y marea en la guerra de Lula contra el privilegio
Lula consiguió, por amplia mayoría, su primera victoria en el Parlamento al hacer aprobar la reforma de la seguridad social. Contó con el apoyo de la mitad de las bancadas opositoras.
Por Juan Arias *
Desde Río de Janeiro
Con la aprobación, en la primera votación en el Parlamento brasileño, con 358 votos a favor y 126 en contra del texto del proyecto de reforma de la Seguridad Social, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva consiguió en la madrugada de ayer su primera gran victoria política tras su elección. Consiguió en seis meses aprobar una reforma que su antecesor no había logrado en ocho años de gobierno, aunque la victoria fue sufrida, difícil y está dejando heridas por el camino. Los tres diputados del oficialista Partido de los Trabajadores que ya se habían opuesto a la reforma votaron en contra, con lo que tienen un pie fuera del partido.
Ayer mismo, cerca de 40.000 funcionarios públicos, llegados a Brasilia de todo el país, hicieron una marcha de protesta que salió desde la catedral, se detuvo en frente el Ministerio de la Seguridad Social, rodeó el edificio del Congreso y llegó hasta el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia de la República. Los manifestantes mostraron dos muñecos representando a Lula y Bush juntos. Ya durante las largas horas de debate en el Parlamento, grupos de funcionarios del Estado desafiaron a la policía en el recinto y llegaron hasta agredir a algunos diputados, obligando a las fuerzas del orden a cargar contra ellos. Llegaron a quemar una bandera del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Posteriormente, algunos entraron al Parlamento y protagonizaron actos de vandalismo.
Pero quizás la mayor espina del presidente la constituyó el voto en contra de tres diputados petistas y las ocho abstenciones de otros tantos de ellos, mientras parte de la oposición votaba a favor de la propuesta del gobierno por responsabilidad con el importante proyecto que revoluciona en buena parte el futuro social y económico del país. El presidente del PT, José Genoino, señaló que los tres diputados (Joao Batista, Luciana Genro y Joao Fontes) “están prácticamente fuera del partido. Es una cuestión apenas formal”.
El gobierno, a pesar del apoyo dado por algunos partidos de la oposición, entre ellos el PSDB (Partido Social Demócrata Brasileño) del ex presidente Cardoso, no consiguió votar de una vez todo el texto de la reforma, por causa de uno de los partidos aliados del gobierno, el Partido Liberal (PT), del vicepresidente de la República, el empresario José Alencar, que exigió que se votaran separadamente algunos de los puntos más polémicos, entre ellos el que fija el techo máximo de las jubilaciones de jueces y magistrados en 5600 dólares, propuesta rechazada por el Poder Judicial. El PL se puso a favor de los jueces, mientras que Lula hubiese querido un techo aún menor. “No es posible que haya jueces que ganen hasta 16.000 dólares”, había dicho el mandatario “en un país donde el salario base de un trabajador es de 80 dólares”.
La victoria obtenida por Lula, que según todos los analistas ya poco podrá cambiar hasta el final de su aprobación definitiva, supone, según afirmó ayer José Genoino, presidente del PT, una victoria “que da garantías de justicia para todos los ciudadanos y pone fin a una era de absurdos privilegios de algunas minorías”. La analista económica del diario O Globo, Miriam Leitao, escribió que “con defectos, incompleta, con concesiones hechas a lo largo del proceso de negociación, la reforma supone, sin duda un paso valiente en la dirección justa”. La analista dio algunas cifras para que la opinión pública pudiera entender por qué Lula quiso una reforma que acabó dividiendo a su mismo partido: el sistema de Seguridad Social excluye de él actualmente a más de 40 millones de trabajadores pobres, que ahora podrán entrar en él.
Además, 900.000 jubilados del sector público, muchos con sueldos de oro, suponen el 39 por ciento del déficit presupuestario, mientras que 20millones de jubilados del sector privado suponen el 24 por ciento. El menos de un millón de jubilados públicos producen un déficit al estado de 8000 millones de dólares. Y concluye: “La reforma aprobada supone la medida moralizadora más importante hasta ahora conocida en este país”.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.