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La Cámara de Apelaciones de San Isidro revocó ayer la libertad bajo fianza de Carlos Carrascosa y ordenó su detención inmediata. El viudo célebre gozaba de este beneficio desde el 23 de mayo pasado, cuando el juez Diego Barroetaveña se lo concedió, en un fallo escandaloso e incoherente consigo mismo: una semana antes el mismo Barroetaveña había ordenado detener a Carrascosa por considerar que su fuga era más que posible ante el tamaño de la posible condena que enfrentaba (25 años de cárcel). Los camaristas reservaron un durísimo cuestionamiento al juez por la “notoria contradicción e incongruencia” entre sus dos fallos: el criterio que aplicó, dijeron, obligaría a liberar a “miles de personas sometidas a procesos por delitos graves”, dijeron los jueces. Pero la detención del viudo no será inmediata ya que sus defensores cuentan con 20 días corridos para presentar un recurso ante Casación y durante ese tiempo el beneficio se mantiene. “Es muy poco habitual que un recurso semejante prospere –dijo a Página/12 una fuente de Casación–. Parece que están pensando en ganar tiempo.”
El 11 de abril pasado, Carlos Carrascosa fue detenido como único acusado del homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce. Tres testimonios y serios cortocircuitos en la coartada del viudo impulsaron el pedido de detención presentado por Molina Pico a Barroetaveña. El Código de Procedimientos bonaerense ordena que sea el fiscal quien pida la detención de un sospechoso, pero que es el juez quien debe valorar las pruebas para decidir si ese pedido es viable. En aquella ocasión Barroetaveña dio el visto bueno para la detención de Carrascosa, aunque echó alguna parrafada crítica a las pruebas (sostuvo que eran suficientes para la prisión preventiva, pero que habría que profundizarlas para llevar a juicio).
La detención del viudo aceleró los tiempos de la defensa. En un gesto de espontánea heroicidad, amigos y familiares sospechados de encubrimiento ofrecieron sus venas y las del propio viudo para demostrar, pericias de ADN mediante, que las muestras de sangre levantadas por la Justicia en la escena del crimen no tenían absolutamente nada que ver con ellos. Buena parte de la opinión pública se apoyó en el sentido común: si ofrecen peritar su ADN nada deben tener que ver, imaginaron, olvidando que en el caso el sentido común fue el gran ausente. Tres meses después del ofrecimiento de venas, el trámite sigue estéril porque los mismos parientes y amigos dilatan la extracción de sangre presentando recursos de inconformidad con lo que ellos mismos pidieron.
Entretanto, Molina Pico pidió a Barroetaveña que confirmara la prisión preventiva de Carrascosa. El 16 de mayo, el juez decidió que el viudo quedara preso por la evidente posibilidad de que intentara fugarse ante la dimensión de la pena que enfrentaba. Curiosamente, los abogados de Carrascosa, José Scelzi y Marcelo Nardi, no apelaron la preventiva sino que pidieron una libertad morigerada, o sea, restrictiva. Y para sorpresa de todos y especialmente del sentido común, el 23 de mayo el mismo juez que había advertido la peligrosidad de una posible fuga, consideró que, al fin de cuentas, lo de la fuga era poco probable y mucho menos si anclaba al viudo con una fianza de cien mil pesos. Carrascosa quedó libre y fijó domicilio en el mismo country y en la misma casa de su cuñado y coprocesado en la causa de la cadena de encubrimientos, Guillermo Bártoli.
Uno de los argumentos en la apelación del fiscal fue, precisamente, que la presencia de Carrascosa en el Carmel provocaría presión a los testigos que derrumbaron su coartada. Dicho y hecho, un mes después, la concesionaria del bar Alba Benítez denunciaba que una socia a los gritos le dio a entender que no le renovarían la concesión del bar.
Ayer, la Cámara de San Isidro, con la firma de los jueces Fernando Maroto y Emilio Rodríguez Mainz, dio su veredicto: dijo que la presencia de Carrascosa en el Carmel era peligrosa para los testigos; que su libertad era peligrosa para la consecución del proceso por una previsibleintención de fuga; y que por todo esto debía marchar preso de inmediato. Pero el de inmediato en el caso es un decir. Cuando Scelzi y Nardi presentaron en mayo su pedido de libertad morigerada lo hicieron con reserva de apelar ante Casación, ante la Suprema Corte bonaerense y ante la Corte Suprema de la Nación. Ahora, esa reserva, más que acelerar la resolución del caso (intención que los abogados difunden a los cuatro vientos), lo que hace es retrasarla: tienen 20 días corridos para presentar el recurso ante Casación y durante esos 20 días el viudo será intocable. Si no presentan el recurso en ese término, Carrascosa irá preso.
Entretanto, Barroetaveña tomó otra resolución desafortunada para el vapuleado sentido común. Molina Pico había solicitado que la causa que investiga el juez porteño Julio Lucini (por el certificado de defunción trucho firmado por Bártoli) pase a competencia de la Justicia de San Isidro. Pese a que el certificado de defunción trucho es una prueba fundamental en la causa por encubrimiento agravado aprobada por Barroetaveña, el mismo Barroetaveña rechazó el pedido.