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“La Corte es un poder del Estado que tiene la función de cogobernar.” El presidente del alto tribunal, Carlos Fayt, tenía la frase preparada para cuando, al salir de su casa, lo asediaran los movileros de radio y televisión y le preguntaran por el comunicado en que los supremos rechazaron “presiones” del Gobierno y dijeron que se tomarán su tiempo para fallar sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El ministro completó la demostración de poder con una anuncio de grandes cambios en la Corte Suprema. Quiere reducir en un 80 por ciento los recursos extraordinarios que allí son resueltos y así se lo hizo saber ayer a los presidentes de cámara de Capital Federal al pedirles que no manden más causas innecesarias. También quiere que se hagan audiencias públicas, como en Estados Unidos.
“Trataremos de cumplir nuestra función para el bien del país”, pregonó ayer Fayt e insistió en marcar límites al Poder Ejecutivo, a raíz de las declaraciones del presidente Néstor Kirchner y sus ministros Rafael Bielsa y Aníbal Fernández instando al máximo tribunal a declarar la nulidad de las leyes del perdón. En la Casa Rosada hubo desconcierto ante el mensaje mediático de los cortesanos. “Fue descolgado, el Gobierno no presiona a nadie, quizá los jueces se sientan presionados por la expectativa que hay en la opinión pública”, dijo a Página/12 un alto funcionario.
Fayt está concentrado en diferenciar su gestión interina, que durará hasta noviembre, de la de su antecesor Julio Nazareno, quien se mantuvo una década en la presidencia de la Corte. En la reunión plenaria que tuvo el martes con los demás ministros planteó un proyecto con reformas para el funcionamiento del tribunal, que ayer a la tarde ya tenía cinco firmas.
El plan de Fayt para limpiar la imagen de la Corte tiene, entre sus pilares, la meta de reducir el número de causas que tramita. El juez siempre compara las 14 mil causas que pasan por el tribunal anualmente con el número que maneja la Corte norteamericana en el mismo lapso, que no llega a 100. Este tema fue señalado detalladamente hace más de un año por la organizaciones no gubernamentales que elaboraron el documento “Una Corte para la Democracia”, que terminó convirtiéndose en pilar de cambios implementados por el gobierno de Kirchner en el método de selección de nuevos jueces para el alto tribunal. Ese informe alertaba sobre la expansión de la competencia cortesana, un producto de la década menemista, la multiplicación de funcionarios que acarreó y la dificultad que todo ese fárrago implica para el control de la corrupción interna.
En la reunión que tuvo ayer con once presidentes de cámaras de apelaciones, Fayt señaló que el 80 por ciento de las causas que esos tribunales de alzada mandan a la Corte no corresponden a su competencia y les recomendó que sean rigurosos al momento de admitir o rechazar los recursos extraordinarios. El problema, les advirtió, se reanuda cuando los recursos rechazados vuelven en queja. En el encuentro también se habló sobre cuestiones administrativas, designaciones pendientes y la posibilidad de que las cámaras funcionen como órganos consultivos permanentes.
Otro de los grandes cambios que podrían introducirse es la realización de audiencias públicas en los expedientes vinculadas con temas “altamente sensibles”. Las partes serían citadas y los supremos harían preguntas. Este procedimiento también fue sugerido por las ONG.