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El próximo miércoles el Senado daría media sanción al proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos. El ministro de Planificación, Julio De Vido, concurrió antenoche al Congreso para activar el trámite de aprobación. Lo recibió el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara alta, Jorge Pardal, quien le transmitió que el bloque oficialista está dispuesto a votar la ley en una semana. Para ello, es crucial la reunión de un plenario de comisiones que tendrá lugar el próximo martes, a la que acudirá De Vido. Los senadores intentarán allí salvar las diferencias que mantienen con el Poder Ejecutivo y, si lo logran, redactarán un nuevo texto para ser votado al día siguiente.
Sin esa ley, el Gobierno está bloqueado para realizar cualquier cambio en relación a las privatizadas. La norma define el marco legal para renegociar los contratos. Por eso, tanto De Vido como Roberto Lavagna reclaman una pronta sanción. Sin embargo, las coincidencias entre los dos ministerios llegan hasta allí. De Vido ratificó en su diálogo con el senador Pardal que el Gobierno encarará una discusión global con cada empresa para establecer las nuevas reglas de concesión. Y mientras esa discusión se desarrolla, no habrá aumentos de tarifas transitorios o “a cuenta”.
Lavagna, por el contrario, sostiene que una vez que tenga la ley es posible que se apliquen ajustes tarifarios, sin esperar a que la renegociación del contrato esté terminada. Este es uno de los puntos que cuestionan algunos senadores del proyecto en cuestión. La iniciativa permite producir “enmiendas parciales” a los contratos vigentes, mientras se definen los nuevos marcos regulatorios. Lavagna afirma –incluso públicamente– que las “correcciones” pueden realizarse sobre cualquier aspecto de los contratos, ya sean las inversiones, la calidad del servicio o las tarifas. Cualquiera de esas variables se podría utilizar para llegar a un acuerdo transitorio con las compañías hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Fuentes empresarias señalaron a Página/12 que De Vido se inclinaría por permitir a las concesionarias reducir sus niveles de inversión o afectar la calidad del servicio, en tanto que Lavagna optaría por darles mejores tarifas. La versión, sin embargo, fue rechazada desde el Gobierno. De Vido es asesorado por la Universidad Flacso, cuyos especialistas recomiendan que las empresas sigan cumpliendo con todas sus exigencias sin recomposiciones tarifarias, guiados por la hipótesis de que una exhaustiva revisión de los contratos demostrará que el negocio es rentable en las condiciones actuales.
Otro artículo que se debate en el Senado es el que le otorga al Congreso la facultad de aprobar o rechazar los acuerdos a los que llegue el Ejecutivo con cada compañía, pero sin poder modificar sus términos. También se establece que si las cámaras legislativas no se expiden en el término de 60 días, los convenios quedarán en firme. Para algunos senadores esto es inconveniente, aunque el senador Pardal se mostró de acuerdo. “Tenemos que darle atribuciones al Estado para que renegocie en condiciones amplias. Después nosotros revisaremos cada contrato, pero las líneas generales las tiene que definir el Gobierno”, manifestó en diálogo con Página/12.
Un tercer aspecto, de carácter técnico, tiene que ver con los servicios de electricidad y gas. Sus marcos regulatorios fueron definidos por ley, y no sería apropiado que el Congreso permita por otra ley al Poder Ejecutivo ignorar sus alcances. Los legisladores están estudiando la forma legal de salvar el problema. En el resto de los servicios, en cambio, se daría lugar a abandonar los marcos regulatorios actuales para que sean rediscutidos y redefinidos hacia adelante.