Cuatro personas murieron en el estado de Michoacán, al oeste de México, al enfrentarse militares y miembros de los grupos de autodefensas levantados en armas contra el crimen organizado, durante el desarme ordenado el lunes por el gobierno. Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas, dijo a la radio MVS que el incidente ocurrió en la madrugada de ayer en una ruta cerca de la comunidad de Antúnez, y dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 11 años. La Secretaría de la Defensa Nacional no había dado hasta ayer por la tarde información oficial, pero algunos medios locales, que citaron fuentes militares, confirmaron dos muertes como parte de las acciones para desarmar a los grupos civiles.

Según Beltrán, unos tres mil pobladores sin armas bloquearon el paso de un convoy militar en la ruta cerca de Antúnez para demandar que el ejército les devolviera el armamento que acababa de retirar. Después de tres horas de negociaciones, afirmó Beltrán, el ejército mexicano “rafagueó a nuestro pueblo”, civiles que salieron a pedir que les regresaran las armas.

No obstante, desde el gobierno aún no reconocen cifras de muertos. En esa línea, el fiscal general, Jesús Murillo, confirmó que hubo algún incidente, pero dijo no tener datos sobre eventuales muertos. “Hay por lo menos un caso en el que hubo un enfrentamiento”, aseguró a la cadena Televisa. Además señaló que el gobierno trata de restablecer el orden con la menor violencia posible en un estado donde han surgido numerosos grupos de civiles armados para defenderse del cartel de Los Caballeros Templarios. “No hay duda alguna de que tenemos que restablecer el estado de derecho”, afirmó el titular de la Procuraduría General, quien añadió que el gobierno actúa con “toda la prudencia, la cautela y el cuidado para evitar la violencia”.

La tensión va en aumento en la región en los últimos días por el avance de las autodefensas en diferentes pueblos para desarmar a los policías locales y hacerse cargo de la seguridad. Algunos ciudadanos que se oponen a las autodefensas, presuntamente ligados al cartel de Los Caballeros Templarios, reaccionaron incendiando micros y camiones en rutas, así como oficinas y comercios en Apatzingán, bastión templario. Esto provocó que, ante la escalada de violencia, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunciara el lunes que las fuerzas federales se pondrán al frente de la estrategia para restablecer el orden.

Una de las primeras medidas fue el desarme de las autodefensas, a lo que Beltrán respondió diciendo que no entregarán su armamento mientras sigan libres los siete principales líderes del cartel de Los Caballeros Templarios, que lleva años asolando a la región con secuestros y asesinatos. “El pueblo no confía en el gobierno. Tenemos 12 años esperando y sabemos que va a ser lo mismo”, declaró. “Se ha decidido que no se van a entregar las armas” hasta que los cabecillas de la región estén tras las rejas”, agregó.

En las cuentas de Facebook y Twitter de Valor Por Michoacán, canal de comunicación sobre la actividad de las autodefensas, se publicaron imágenes y videos de los incidentes de la madrugada del martes. Ante la medida aplicada por el gobierno, luego de una reunión de urgencia que el lunes mantuvo el secretario de la gobernación, Miguel Angel Osorio, con las autoridades locales, hubo versiones contradictorias sobre la posición que asumirían las autodefensas.

Su líder José Manuel Mireles, que se recupera en un lugar no identificado de Ciudad de México de lesiones por un accidente aéreo, sostuvo en un video que dejarían las armas, pero luego asumió la posición contraria y señaló que no habría desarme hasta la captura de los líderes templarios. Con relación a ello, el dirigente Beltrán pidió no tener en cuenta esta confusión porque Mireles estaba “desconectado” de la realidad. “Ahorita no es creíble”, agregó según la emisora MVS.

Los grupos de autodefensas surgieron en Michoacán el año pasado, ante la inacción de las autoridades para combatir al cartel de Los Caballeros Templarios, al cual acusan de llevar años asesinando, secuestrando y extorsionando a la población. Estas agrupaciones no están reconocidas por las leyes mexicanas y también son rechazadas por diversos sectores que están en contra de que éstas tomen justicia por mano propia.