El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió temporalmente la decisión de la Procuraduría General de destituir e inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó su defensa. Según señaló el representante de Petro, el ex fiscal Mario Iguarán, el tribunal admitió ayer una acción de tutela (amparo judicial) interpuesta por uno de los 358 ciudadanos que presentaron estas iniciativas judiciales en diciembre pasado, cuando el Ministerio Público emitió una orden de suspensión en primera instancia.

El jefe del Ministerio, Alejandro Ordóñez, indicó en la sentencia que el alcalde incurrió en faltas gravísimas durante el cambio del esquema de recolección de basura de la capital colombiana en diciembre de 2012. Petro, un ex miembro qué integró el desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), canceló los contratos que el Distrito Capital tenía con empresas privadas encargadas de esa tarea, con el objetivo de ahorrar costos y trasladó la responsabilidad por esa decisión a la empresa pública de acueducto, conflicto que generó una acumulación de basura en la ciudad que se extendió durante tres días.

El tribunal solicitó ayer al presidente Juan Manuel Santos, quien debía acatar antes del próximo 2 de febrero la decisión judicial, que fue ratificada por el Ministerio Público este lunes, a no ejecutar la destitución mientras se espera que los magistrados emitan un pronunciamiento sobre ese caso. Por el contrario, el procurador general Ordóñez instó a Santos a que tome una decisión sobre la inhabilitación del alcalde de Bogotá sin dilación, en declaraciones a W Radio, porque su deber es defender la Constitución, la ley, las instituciones y decisiones judiciales. “Esa es la conducta que había manifestado (Santos) iba a realizar. No dilación para beneficio de la democracia, esto no puede postergarse y someterse al desgaste que muchos quieren”, advirtió el procurador. No obstante, Ordóñez aclaró en otra entrevista en Caracol Radio que no desconfía en “la diligencia del señor presidente”, quien tendrá diez días para decidir sobre la destitución del alcalde.

Según explicó el procurador, el primer paso estipulado por la ley es la notificación personal a Petro, que empieza a correr desde que un funcionario judicial le entrega al alcalde una copia con la sentencia. Si pasado tres días no fue posible contactarlo, se le enviará un escrito que deberá responder en un plazo de ocho días. “Vencido ese término, si el alcalde no dio acuse de recibo, la Procuraduría se lo comunicará por edicto, mediante una cartelera en la que dará por informado a Petro sobre la ratificación de su destitución”, agregó Ordóñez al precisar que este proceso concluiría en la primera semana de febrero.

Una vez agotada esa fase, el dictamen será enviado a Santos, quien dispondría de diez días hábiles para ejecutarlo, o sea en la tercera semana de febrero, al término de los cuales Bogotá se quedaría sin alcalde titular, citó ayer la agencia Prensa Latina. Por otro lado, el procurador advirtió que si el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que había pedido Petro llega a tiempo, es positivo y aceptado por el presidente en su decisión, se “afectaría el ordenamiento jurídico colombiano”.

Ordóñez explicó que acatar las solicitudes de la CIDH, que no son vinculantes para los Estados, implicaría que ningún funcionario público en el futuro pudiera ser investigado y sancionado por los organismos de control. De todas maneras, el procurador advirtió que Petro tiene todavía salidas para revertir su destitución si tramita una tutela ante la Justicia penal o ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia. Ordóñez se defendió de las acusaciones de organizaciones civiles y políticas que defienden a Petro y dijo que no hay “bullying” (acoso) mediático contra el alcalde, sino que hay incumplimiento en sus funciones.

En tanto, el organismo Human Rights Watch (HRW) sugirió a la CIDH que le conceda al alcalde de Bogotá las medidas cautelares que solicitó a fines de 2013. El director para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, señaló que las medidas podrían frenar la salida del cargo de Petro debido a que la decisión del Ministerio Público aún no fue notificada y la CIDH está a tiempo para emitir su parecer sobre el proceso administrativo que, según él, no puede destituir a una autoridad elegida.

“Nos encontramos con una situación muy especial, por cuanto se trata de una autoridad administrativa la que decide la destitución de una autoridad elegida sin que exista un delito, sino un juicio crítico respecto de la gestión del alcalde. Justamente esto es lo que la Comisión Interamericana prohíbe”, explicó. “Aquí estamos enfrentados ante una violación inminente de un artículo de la Comisión Interamericana que es el derecho a participar y hacerse elegir. Solamente por una condena dictada por un juez para destituir y limitar el derecho de una autoridad ya elegida se puede acatar lo que sucede ahora con Petro”, sostuvo el chileno.