El fiscal Pedro Horrach acusó al juez José Castro de urdir una teoría conspirativa para justificar la imputación de la infanta Cristina en el caso de corrupción en el que también está implicado su marido, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y que sacude a la monarquía española. El procurador asegura, en un escrito publicado ayer, que el magistrado elabora su “tesis inculpatoria” contra la infanta en base a una “absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa” de informes tributarios que exoneran a la hija menor del monarca. “Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de la infanta verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos”, argumenta el fiscal anticorrupción de Baleares.

Por ese motivo, Horrach señala que es imprescindible que con carácter previo a la declaración de Cristina de Borbón, prevista para el 8 de febrero, se cite a declarar como peritos a dos inspectores de la Agencia Tributaria y a un jefe policial que elaboraron los informes en cuestión. La infanta fue imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal en su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación a nombre de Urdangarín y su ex socio Diego Torres.

Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco. Respecto de los informes de Hacienda, en su escrito de imputación del pasado 7 de enero, Castro sostiene que los inspectores dieron como válidas tres facturas falsas de Aizoon por 69.900 euros para librar a la infanta de un delito fiscal cometido en el ejercicio 2007. El magistrado discrepa del criterio de los peritos y asegura que Aizoon no puede deducir gastos que, de acuerdo con las investigaciones, nunca realizó. Esos gastos superarían los 120.000 euros y constituirían indicios de un delito fiscal.

En cambio, el fiscal cree que el magistrado no puede basar su imputación en insinuaciones relativas al “encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional”, en referencia al trabajo de los peritos, cuya idoneidad defiende. De hecho, Horrach ve más rigurosos y coherentes los trabajados de la Agencia Tributaria, que no observan indicios delictivos, y considera “radicalmente erróneas” algunas de las interpretaciones del juez instructor.

Entre algunas de las conclusiones erróneas e “irrelevantes penalmente”, el fiscal menciona que es imposible, dada la cuantía de los gastos personales de la infanta, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros anuales, de donde nacería el delito que se le achaca. También señala que el hecho de imputar gastos personales de Cristina ajenos a la actividad de Aizoon –como costos de explotación– no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que la conclusión, a efectos penales, es inocua e irrelevante.

En su escrito, además de acusarlo de conspiración, el fiscal atribuye al juez un “déficit interpretativo de la normativa tributaria”. Asimismo, el fiscal anticorrupción de Baleares señala que el propio juez pone en manifiesto dudas sobre la apariencia delictiva de las conductas criminales atribuidas a la infanta, y que “las dudas no sirven como base de una imputación”.

Anteayer, la Fiscalía Anticorrupción anunció que no recurriría la imputación de la hija del monarca a pesar de considerar que sigue sin haber indicios delictivos suficientes para inculparla. En abril de 2013, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado ya se opusieron a la imputación de la infanta Cristina por parte del juez Castro en el caso de corrupción Nóos, y el tribunal de apelación posteriormente levantó los cargos.

Tras su segunda imputación en menos de un año, la infanta decidió no impugnar la medida y acudirá a declarar a solicitud del juez, aunque su defensa sostiene que lo hace voluntariamente, convencida de su inocencia. El juez cree que Aizoon fue creada para desviar el dinero apropiado ilícitamente por el Instituto Nóos y que la participación de la infanta en la sociedad tenía como objetivo “tener un escudo frente a Hacienda”, para que las actividades no fueran investigadas.