El atentado del que salió ilesa ayer la candidata presidencial colombiana Aída Avella, del partido Unión Patriótica (UP), revive los temores a una nueva campaña criminal contra los movimientos de izquierda que ya había sido denunciada por sus líderes. El atentado contra Avella, que regresó hace sólo unos meses al país tras permanecer exiliada en Suiza 17 años por amenazas en su contra, se registró en la mañana de ayer, cuando la caravana en la que se desplazaba por el departamento de Arauca (este), junto con el periodista Carlos Lozano, candidato al Senado por la UP, fue atacada a tiros por dos sujetos desde una motocicleta.

Tanto Avella como Lozano salieron ilesos tras un cruce de disparos entre los atacantes y los escoltas de Avella, que se movilizaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, según informó el comandante de Policía de Arauca, coronel Camilo Alvarez Ochoa. Tras el atentado, la candidata de la UP reclamó al gobierno garantías para su campaña. “Ante agresión en Arauca reclamamos el derecho a vivir y a ser opción de poder. ¡Sin garantías no habrá paz!”, señaló la candidata en su cuenta de Twitter. En otro mensaje por la misma red, Avella escribió: “Llamamos a la indignación! Cuál es la democracia que queremos para nuestro país? Aun vivimos sin miedo. Fuerza UP!”.

También por Twitter, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dio órdenes para cuidar a Avella. “He dado instrucciones para que se proteja a Aída Avella con todo lo que sea necesario y se investigue qué pasó. Necesito resultados”, escribió. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, manifestó su repudio por “actos que alteran la tranquilidad en la que deben transcurrir las campañas electorales de todos aquellos quienes aspiren a obtener el favor del voto popular”. De igual manera, el ministro reiteró la disposición del gobierno a desplegar todas las acciones que se requieran para el control y la judicialización de este tipo de manifestaciones intolerantes y contrarias a los valores democráticos”. En los ’80 y ’90 la UP fue víctima de una campaña de exterminio que dejó cerca de 4000 muertos, entre ellos dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, ocho congresistas, 13 diputados regionales, 70 concejales y 11 alcaldes.