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Por Manuel Délano *
Desde Santiago de Chile

Cuando falta menos de un mes para que se cumplan 30 años del cruento golpe de Estado con que el general Augusto Pinochet sepultó la democracia chilena, el presidente Ricardo Lagos propuso una controvertida vía para enfrentar la herencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, proponiendo medidas para incentivar la entrega de información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos por parte de los militares, acelerar los procesos judiciales y reparaciones para las víctimas, incluyendo a los torturados. Bautizada como “No hay mañana sin ayer”, Lagos dio a conocer su propuesta por cadena de televisión y radio en la noche del martes, la que recibió un amplio respaldo entre los partidos y valorada por el ejército, pero fue fuertemente criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Utilizando un tono conciliador, Lagos se dirigió al país después de haberse reunido durante dos meses con todos los partidos políticos, las iglesias, organizaciones de derechos humanos y el ejército. La propuesta del Ejecutivo, paradójicamente, fue acelerada después de que la derecha pinochetista interviniera por primera en el terreno de los derechos humanos, con una iniciativa para elevar las reparaciones económicas a los familiares de los detenidos desaparecidos, a cambio de la posibilidad de cierre de los juicios. Esta fue rechazada por todos los sectores, pero tuvo la virtud de poner el tema en el debate público, lo que se tradujo en la decisión de Lagos de abordarlo.
Lagos comenzó su discurso advirtiendo ser consciente de las limitaciones de sus propuestas, que “no constituyen una solución definitiva a los quebrantos y al sufrimiento”, y que, sin embargo, formulaba porque considera su deber entregar a las nuevas generaciones “una nación cuya alma esté unida en paz, cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación”.
Su intervención procuró ser equilibrada entre estos tres anhelos y buscó evitar el desencanto de los principales actores en el drama de los derechos humanos, los familiares de las víctimas y los militares. La obediencia debida estará por primera vez presente en el tema de la violación a los derechos humanos en Chile. Lagos la incluyó en su plan y, de ahora en más, será reconocida en los juicios a quienes hayan participado en la desaparición de personas durante la dictadura. El mandatario chileno recordó que después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, al que calificó como “el momento más terrible en nuestra historia patria”, y cuyas causas no permiten justificar lo que ocurrió posteriormente, “se violaron los derechos humanos: se asesinó, se torturó, se detuvo, se hizo desaparecer a personas”.
Al recordar el escarpado camino de la búsqueda de lo que sucedió con las víctimas, incluyendo la Comisión Verdad y Reconciliación creada en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) y la mesa de diálogo con los militares, durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) y el suyo, sostuvo que los resultados “no han sido todo lo que hubiéremos deseado”, pero ha habido “un salto inmenso en la recomposición del alma nacional”. Aunque las fuerzas armadas “han cooperado con la Justicia”, muchas personas que tienen información, “todavía permanecen sumidas en un silencio cruel y pertinaz”. Para avanzar en esta búsqueda de la verdad y justicia, según dijo, su propuesta incluye medidas que agilicen los procesos judiciales e incentiven la entrega de información fidedigna, las que requieren de la aprobación de leyes.
Lagos propuso diferenciar la responsabilidad penal de los militares y represores que actuaron bajo el temor de represalias e ignorancia que anulaba su capacidad decisión de los que organizaron y planificaron, dieron las órdenes y dirigieron o ejecutaron los crímenes con pleno discernimiento. En la práctica, esta iniciativa apunta a incentivar las confesiones de parte de los que tuvieron un rol secundario en el asesinato de más de tres mil opositores a la dictadura de Pinochet, sin atenuar la responsabilidad de los mandos superiores. También propuso el presidente chileno un conjunto de medidas en el terreno de la reparación de las víctimas. Entre ellas, aumentar en un 50 por ciento el valor de las pensiones de las parientes de las víctimas, incluyendo a los familiares de los militares que cayeron en la dictadura. Anunció además la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas, para velar por el fomento y protección de los derechos del hombre, el fomento a la incorporación de los valores de los humanos en la educación.
En el momento más emotivo de su intervención, resolvió establecer, por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990, una indemnización para los torturados en la dictadura de Pinochet, que organismos de derechos humanos han calculado como más de 100.000 personas. Esta será “austera y simbólica, que simbolice el perdón que Chile les pide por lo que en un momento hizo en sus cuerpos”. Quienes tuvieron estos padecimientos, dijo Lagos, “merecen, independientemente de las ideas que cada uno profese, el mayor respeto por las terribles experiencias que ellos vivieron. A todos ellos, Chile debe honrarlos en toda su dignidad. Es en nombre de todos los chilenos que les hago llegar mi reconocimiento”. Las medidas incluyen el impulso por parte del gobierno a la ratificación de los tratados y convenios internacionales, incluyendo una reforma constitucional para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y de su Tribunal, y la ratificación del Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Lagos anunció además reformas al Código de Justicia Militar, lo que implicará restringir su ámbito de acción y competencia, elevadas durante la dictadura.
Reacciones discrepantes hubo ayer en torno de la propuesta del presidente Ricardo Lagos “No hay mañana sin ayer”. Entre los partidos, incluyendo a la derecha pinochetista, pero con la excepción de los comunistas, recibió un amplio respaldo, lo que anticipa una aprobación en el Parlamento de las propuestas que requieren de cambios legales. La principal voz crítica provino de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya presidenta, Lorena Pizarro, afirmó que “sentimos que la propuesta cambia un poco verdad por impunidad”, mientras otras dirigentes de esta organización reprocharon que no contuviera un fin de la ley de amnistía dictada bajo el régimen de Pinochet. Pizarro insistió que “nos parece una propuesta que disfraza la impunidad”. Otro aspecto que preocupa entre los abogados defensores de los derechos humanos es la inimputabilidad de quienes no estén procesados y colaboren con la entrega de información.
El comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, aunque no quiso calificar el contenido del discurso, valoró su aporte en cuanto al fortalecimiento de las instituciones. Cheyre reiteró que el ejército desea avanzar en la reconciliación. En contraste, el cuerpo de generales en retiro del ejército criticó la iniciativa porque no deroga ni modifica la aplicación de la tesis del secuestro permanente de las víctimas, que los jueces aplican desde el caso Pinochet en los juicios por los detenidos desaparecidos, lo que ha facilitado avances de la Justicia esquivando la aplicación de la ley de amnistía.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.