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En sólo diez días, Ucrania pasó de un escenario de guerra civil a otro de secesión –o desintegración territorial– y, a la par, de guerra contra un enemigo extranjero. La polarización “interna” entre sectores proeuropeos y promoscovitas, delineada en las continuas y violentas manifestaciones en contra del gobierno de Viktor Yanucovich, desde que se negó a firmar un Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea (UE) y, en un giro hacia Rusia, aceptó el acuerdo que le ofreció el gobierno de Moscú para importar gas a precios subsidiados, condujo a la destitución del presidente y a la conformación de un “gobierno de transición” –previa violación por parte de la oposición del acuerdo firmado con el gobierno depuesto para buscar una salida negociada al conflicto, del cual Alemania, Francia, Polonia y Rusia eran garantes–, que el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó como “el resultado de una insurrección armada” y como “un golpe de Estado anticonstitucional”.

El nuevo gobierno, nacido de las filas de la oposición prooccidental y con algunos miembros ultranacionalistas, por no decir fascistas, que la Unión Europea se apresuró a reconocer, lejos de resolver la crisis política reconfiguró el conflicto. El Kremlin denunció a través del canciller, Serguei Lavrov, que “los que han tomado el poder en Ucrania están imponiendo su victoria para atacar los derechos fundamentales de los rusos” y “hay que defenderse de esta agresión”, visión que motivó el desplazamiento de buques militares desde las bases rusas del Mar del Norte y del Báltico, además de blindados, a la base militar rusa del Mar Negro, en la península de Crimea. La península de Crimea está bajo soberanía ucraniana, pero por dos acuerdos firmados en la posguerra fría, Rusia conservó el derecho a mantener el 86 por ciento de sus fuerzas militares en el territorio, que le alquiló a Ucrania hasta el año 2042. A la par, Estados Unidos anunció medidas de apoyo militar a los países de la Alianza Atlántica (OTAN) que limitan con Rusia, en un intento por aumentar la correlación de fuerzas a su favor y de restarle influencia a Rusia.

A este escenario en el cual Wa-shington y Moscú se disputan el control militar regional, se sumó el desconocimiento del gobierno de Kiev por parte de los habitantes de la región de Crimea, de fuerte identidad rusa, que adelantaron la realización de un referéndum de autonomía regional para el 16 de marzo. La región de Doniestk se pronunció en la dirección de un referéndum autonómico –Kiev, Crimea y Doniestk son las tres regiones más importantes de Ucrania–.

En medio de la escalada, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, además de la ONU, llamaron a Rusia a respetar la “soberanía” y la “integridad territorial” de Ucrania y, a la vez, el presidente Barack Obama advirtió a Moscú que “si continúan en el camino actual –de mantener a sus fuerzas militares en Crimea–, nosotros estamos entonces examinando una serie de pasos económicos y diplomáticos, que aislarán a Rusia y tendrán un impacto negativo en su economía y estatus en el mundo”, a lo que Putin respondió que las sanciones internacionales contra Rusia serían contraproducentes y perjudicarían a todas las partes, en un mundo “donde todo está relacionado y todos dependen unos de otros”. La verdad es que Ucrania tiene una enorme importancia geoestratégica para todos los actores involucrados en el conflicto, lo que hace difícil pensar en un escenario de confrontación militar abierta. Por su territorio pasan cuatro gasoductos que transportan desde Rusia el 80 por ciento del gas que consume Europa y el 50 por ciento del gas que consumen los propios ucranianos. Rusia es, a la vez, uno de los principales mercados para los productos provenientes de Ucrania.

Pero la posibilidad de una de-sintegración del territorio de Ucrania, de la que ahora europeos y norteamericanos previenen a Rusia, es muy alta y está relacionada con la crisis de legitimidad interna ya señalada, en la que mucho tienen que ver los intereses de la UE y de los organismos financieros en las empresas ucranianas y en los préstamos internacionales hacia el país. El acuerdo de cooperación con el bloque europeo, que el depuesto Yanucovich se negó a firmar y que implica duras condiciones de ajuste, recortes del Estado y privatizaciones de las empresas ucranianas, a cambio del financiamiento por parte del FMI para afrontar la crisis por la que atraviesa el país –en la misma dirección va el anuncio del gobierno de Obama de una “ayuda” de 10 mil millones de dólares y el préstamo que anunció Bruselas por 11 mil millones de euros para Kiev–, y de la futura incorporación del Estado al bloque fue el disparador de la crisis. En aquel momento, las manifestaciones de sectores medios, movilizados por las “oportunidades” que podía brindar la integración en la UE –básicamente visas–, incentivados en sus reivindicaciones por una oposición pro Occidente, que en lugar de orientar institucionalmente las reivindicaciones se dedicó a incentivar la violencia, y las tácticas de un gobierno que, en vez de buscar consensos, intentó imponer el orden represivo, terminaron en la conformación de un gobierno faccioso, sin legitimidad. A esto hay que agregarle la intervención en los asuntos internos del país de la cual la conversación filtrada –en YouTube– entre la secretaria de Estado adjunta para Europa y el embajador norteamericano en Ucrania, en la que discuten la “transición política” en el país, dejó rastros.

* Analista internacional (Flacso).