La Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, a cargo de Marcelo Colombo, está colaborando con la investigación por presunta explotación laboral e infantil en uno de los campos pertenecientes a Ramón Puerta. A través de un escrito dirigido al fiscal de la causa, Juan Carlos Tesoriero, solicitó una serie de medidas de prueba para determinar las responsabilidades penales de Puerta y los contratistas involucrados: se pidió entrevistar a todos los trabajadores siguiendo los protocolos de trata, un estudio socioambiental de cada una de las familias involucradas e investigar el delito de trabajo infantil como subsidiario al delito de trata. Por otro lado, la Procuraduría solicitó las declaraciones juradas de Puerta y los accionistas de la empresa Yerbatera Misiones SRL, de la cual Puerta es integrante. A su vez, se le reclamó a la AFIP que aporte los posibles vínculos societarios entre todos los imputados. El ex gobernador de Misiones presentó anteayer su descargo ante el Renatea.

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) realizó un operativo a fines de enero en la Estancia I Pora, donde encontró a 60 trabajadores sin registración, de los cuales 40 vivían en medio del campo en condiciones de extrema precariedad. Además, fue relevado un menor de edad en las mismas condiciones de precariedad que los adultos.

“La precaria situación en la que se encontró a los trabajadores, de los cuales se ha obtenido una acabada descripción, y el resto de los elementos que se han incorporado hasta el momento en el expediente forman parte de un contexto que indica a todas luces que nos encontramos frente a una situación de explotación laboral, finalidad en el delito de trata cuya comisión debe aquí investigarse”, sostiene un informe de la Procuraduría.

Colombo basó sus requerimientos en los informes del Renatea con los resultados de las inspecciones realizadas el pasado 30 de enero. Allí se dejó constancia de que “los trabajadores recibían comida cada tres días, les cobraban por la instalación de las carpas en donde vivían (alrededor de veinte), no tenían agua potable y que había más menores trabajando, de los cuales varios se escaparon al momento de realizar la inspección”.

Entre las medidas de prueba solicitadas, la Procuraduría recomendó tomar “testimonios exhaustivos que expliquen el funcionamiento del lugar, así como también conocer el proceso previo de ofrecimiento, captación, transporte, acogimiento y/o recepción de personas hasta y en el lugar de explotación”. También se le solicitó al Renatea la remisión de las filmaciones que se hayan obtenido durante la fiscalización.

Por otro lado, fueron solicitadas medidas de prueba para determinar el rol que cumplía la empresa Yerbatera Misiones SRL. Puerta es dueño de 12 mil hectáreas de campo, de las cuales 2600 están dedicadas a la yerba. El campo inspeccionado era de 1004 hectáreas. La administración de esa finca se realiza a través de la empresa Yerbatera Misiones, de su propiedad. Es decir, el ex gobernador es dueño del campo donde están las hojas de yerba y de la empresa que gestiona y administra esas tierras.

Entre la información requerida, se pidió “el contrato, documento, escritura, convenio o documento de similar tenor que lo autoriza a realizar la explotación comercial del predio; los montos de dinero pactados para dicha explotación comercial; las facturas recibidas o emitidas con motivo del pago de los importes correspondientes a esos convenios; y los libros y/o registros laborales y toda otra documentación relacionada con la contratación de trabajadores, recibos de pago de haberes y remitos”.

Según los informes elaborados por el Renatea, los 61 trabajadores fiscalizados –de los cuales 60 estaban en negro– indicaron que el campo en cuestión pertenecía a Puerta y que la persona encargada de pagarles los sueldos era Sergio Poliszczuk, un contratista que trabaja hace varios años con Puerta. Por eso, se le solicitó a la Dirección de Planificación Penal de la AFIP que envíe las declaraciones juradas por los períodos 2010, 2011 y 2012, correspondientes al Impuesto a las Ganancias, sobre los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y al Impuesto al Valor Agregado; además, que se informen todos los pagos realizados a la AFIP que involucren a Puerta, Poliszczuk y el resto de los accionistas de Yerbatera Misiones SRL.

Para determinar los movimientos de los empresarios involucrados en el posible delito de trata, también se le reclamó a la AFIP la información de las operaciones de cambio informadas por el Banco Central, plazos fijos, participaciones societarias o en órganos de dirección, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones, aeronaves, inmuebles, automotores, escribanos informantes y consumos relevantes.

Hasta el momento, ni Puerta ni los accionistas de Yerbatera Misiones SRL se presentaron ante el juez de la causa. Recién anteayer, Puerta presentó su descargo ante el Renatea, negando todas las imputaciones.