El gobierno venezolano denunció ayer planes de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, en las que involucró a la ex diputada opositora María Corina Machado y el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dirigente nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó como prueba varios correos electrónicos supuestamente enviados por Machado a políticos de la oposición como Diego Arria y Henrique Salas Romer y que presuntamente forman parte de una “investigación penal y criminal”. “Denunciamos que hay un complejo plan dirigido a acabar con la paz de este país que incluye, en primer lugar, el intento de magnicidio de la ultraderecha venezolana para intentar el asesinato del presidente Nicolás Maduro junto con un golpe militar en evolución que afortunadamente se ha desactivado”, afirmó Rodríguez.

Ese magnicidio “promovería el desbordamiento de la violencia y sentaría las bases y la oportunidad para que la injerencia extranjera se impusiera”, añadió Rodríguez en una rueda de prensa acompañado por la dirección del partido, incluido el vicepresidente, Jorge Arreaza; el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la primera dama, Cilia Flores. En uno de los mensajes, enviado entre direcciones sin nombres de personas y atribuido por Rodríguez a Machado, la ex diputada se dirige presuntamente al abogado Gustavo Tarre para decirle: “Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos”. “Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen, para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de plata regalada”, continuó Rodríguez leyendo el mensaje que atribuyó a Machado.

La dirigente opositora Machado afirmó que las supuestas pruebas son falsas y anunció que presentará una denuncia formal ante la fiscalía. “Todos los correos y cada una de las palabras son falsas, absolutamente inventadas. No quiero que nada malo le pase a Maduro; lo único que quiero es que renuncie”, dijo la legisladora destituida. Agregó desde su cuenta de Twitter: “En ‘cadena’ nacional se difunde ahora infamia en mi contra por ‘alto mando político’ del régimen. Estos medios deberán otorgarme igual espacio”. Otro de los presuntos implicados en las denuncias realizadas por Rodríguez, el ex embajador Arria, refutó a través de la red social las acusaciones. “Me robaron un iPhone y a través de él accedieron a mis cuentas de correo y redes sociales y fabricaron mensajes que no han sido escritos por mí”, escribió.

“¿Sabía el Departamento de Estado de los Estados Unidos que la ultraderecha venezolana cuando intenta sus eventos criminales (...) pide instrucciones y autorización a un oficial del Departamento de Estado norteamericano? ¿Lo sabe el señor presidente Barack Obama?”, se preguntó Rodríguez. En otro supuesto correo de Machado al ex diplomático venezolano Diego Arria, declarado opositor al gobierno, dice: “Ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo”.

El alcalde Rodríguez afirmó que estos mensajes y otras pruebas que, aseguró, tienen pero no difundieron por el momento demuestran que “las llamadas protestas estudiantiles denominadas guarimbas –disturbios y barricadas callejeras– no fueron en modo alguno protestas estudiantiles ni protestas espontáneas”. Indicó que esas manifestaciones, que se suceden desde febrero pasado, serían una de las fases del “golpe continuado” contra Maduro, que en sus otras etapas incluiría el golpe de Estado abortado y el intento de magnicidio. “No nos vuelvan a decir que fueron protestas pacíficas y espontáneas”, apuntó el alcalde. Además, demostrarían en su opinión “el involucramiento al menos de un funcionario del Departamento de Estado, un altísimo funcionario del Departamento de Estado, embajador en Colombia” en los planes desestabilizadores.

Rodríguez pidió al Departamento de Estado estadounidense y a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que emitan opinión sobre estas denuncias, y que la Justicia intervenga en “esta denuncia política que lo único que persigue es prevenir estas acciones” violentas. “Nosotros queremos convocar a los representantes de la MUD opositora a una reunión para presentarles todas estas pruebas y que ellos digan si son partícipes de este plan magnicida criminal en contra del pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez.

Washington tildó de “falsa e infundada” la acusación del chavismo de que el embajador Whitaker estuvo involucrado en un plan de magnicidio, de acuerdo con una fuente norteamericana bajo el anonimato. La acusación del oficialismo venezolano surgió cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos por violaciones contra los derechos humanos durante las protestas en Venezuela. El proyecto prohibiría la entrada al territorio norteamericano y congelaría los activos a una serie de funcionarios venezolanos.

Venezuela vive protestas contra el gobierno desde hace más de tres meses, que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos y más de 800 heridos.