El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal fuerza de la oposición en el país, recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional la limitación de la Justicia Universal que impuso el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en el Parlamento español. “La reforma legal ahoga, estrangula y destroza el principio de la jurisdicción universal en nuestro país”, dijo la vocera parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, tras presentar el recurso. El PSOE hizo público su compromiso de derogar la reglamentación lanzada por el PP en caso de que llegue al gobierno. “Estoy absolutamente convencida de que este recurso va a prosperar pues, como han dicho los jueces y las organizaciones de fiscales y de derechos humanos, la ley viola convenios internacionales firmados por el Estado español y atenta gravemente contra la reputación de nuestro país”, dijo Rodríguez.

La nueva ley reduce casi a letra muerta el principio de Justicia Universal sobre el que hasta ahora se investigaron en España crímenes de lesa humanidad cometidos por otros países que no querían investigarlos. A partir del entuerto judicial planteado por el gobierno de Rajoy, la reforma restringe la investigación de esos delitos únicamente para aquellas víctimas y responsables que tengan la nacionalidad del país demandante. Los presuntos criminales pueden ser también perseguidos si residen en España.

Bajo esas premisas, la nueva ley propicia la excarcelación de presuntos narcotraficantes extranjeros capturados en aguas internacionales. La reforma ha recibido las críticas de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional española, que hasta ahora se negaron a cerrar, tal y como pretendía el gobierno de Rajoy con la nueva ley, la decena de investigaciones abiertas por delitos de lesa humanidad.

El vicepresidente del Tribunal Supremo, Angel Juanes, quien fue presidente de la Audiencia Nacional, se sumó ayer a las críticas de sus colegas: “No es concebible que un genocida se pasee por las calles de Madrid y no pueda ser detenido”, dijo el magistrado. La ley se aprobó en el Parlamento con los únicos votos de la bancada del PP, tras las presiones y amenazas diplomáticas interpuestas desde China por la investigación por genocidio en el Tíbet de su ex presidente Jiang Zeming, abierta en la Audiencia Nacional.

Por su parte, Soraya Rodríguez manifestó que la ley lanzada por el PP vulnera de forma clara y flagrante el derecho a la tutela judicial y muchos artículos de la Constitución, como el que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y el que protege la independencia judicial. En ese sentido, la vocera parlamentaria de los socialistas recordó que la disposición transitoria de la ley obliga a los jueces y tribunales, que tienen causas en virtud del principio de jurisdicción universal a cerrarlas, cuando un procedimiento judicial abierto sólo puede ser cerrado por la decisión de un órgano judicial y no por una ley que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, Rodríguez comentó que un magistrado con muchísimos años de experiencia le dijo que no había visto una situación similar desde hacía mucho tiempo, “desde que en este país gobernaba Franco”. Para la portavoz socialista, la ley “atenta contra los principios de persecución de los delitos más terribles contra la humanidad y genera que la impunidad de los criminales se extienda”. Aunque a veces sea difícil concluir los procesos abiertos, dijo, la jurisdicción universal siempre es efectiva cuando existe, porque establece un principio de que no hay impunidad frente a estos graves crímenes.

“Estoy absolutamente convencida de que este recurso va a prosperar pues, como han dicho los jueces y las organizaciones de fiscales y de derechos humanos, la ley viola convenios internacionales firmados por el Estado español y atenta gravemente contra la reputación de nuestro país”, agregó Rodríguez. Además, advirtió que España “ha estado a la cabeza en la defensa y en la aplicación del principio de jurisdicción universal y ahora se queda vergonzosamente a la cola de los países que no persiguen estos graves crímenes contra la humanidad y deja también a las víctimas españolas en una grave situación de indefensión”. Para el PSOE, la reforma deja desprotegidos a los ciudadanos españoles que puedan ser víctimas de los delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra fuera del territorio nacional. La reforma de la Justicia Universal en España entró en vigor el 15 de marzo y contó con el rechazo de toda la oposición.