El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, se negó a archivar el expediente por el ataque de Israel, en 2010, a un barco que viajaba a la Franja de Gaza transportando ayuda humanitaria. Ruz se enfrenta así a la limitación del principio de justicia universal que en España entró en vigor en marzo con el objetivo de archivar ésta y otras causas vinculadas con delitos de lesa humanidad abiertas en el tribunal. Al tratarse de un caso de crímenes de guerra, sostuvo Ruz, los tratados internacionales ratificados por el país peninsular obligan a investigar esos hechos. Nueve personas murieron a fines de mayo de 2010 en el sangriento abordaje israelí a la Flotilla de la Libertad, convoy de naves que llevaba ayuda humanitaria de organizaciones internacionales a la Franja de Gaza.

El juez Ruz recordó que el Convenio de Ginebra sobre derechos de los civiles en tiempo de guerra prevalece sobre la reforma jurídica que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el magistrado recordó que los tribunales españoles sólo podrían investigar el ataque si los países afectados no lo hacen, y en este caso, tanto Turquía –el barco en el que se produjeron los hechos más graves estaba registrado en este país– como Israel –país de nacionalidad de los querellados– le han asegurado que han abierto investigaciones.

Para zanjar esta controversia, Ruz elevó una petición al Tribunal Supremo para que determine si existen procedimientos abiertos en Israel y en Turquía para investigar esos hechos. En concreto, Israel le contestó al juez de la Audiencia Nacional que ningún ciudadano español sufrió daños físicos en el ataque y que se abrieron varias investigaciones: una comisión pública independiente, las fuerzas de defensa elaboraron un informe remitido a un panel de expertos militares, un procedimiento en el Tribunal Supremo de Israel y se colaboró con el Comité de Investigación de Naciones Unidas.

Turquía, por su parte, le remitió la investigación que lleva adelante al Juzgado en lo Penal Nº 7 de Estambul respecto del ataque al buque Mavi Mármara, en el que se produjeron los hechos más graves, con la muerte de nueve ciudadanos turcos. La investigación por estos crímenes se abrió a partir de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional por los activistas españoles que sobrevivieron al ataque israelí. Los querellantes acusan al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al actual ministro de Defensa, Moshe Ya’alon.

En este proceso judicial, también aparecen querellados Eliezer Alfred Marom, comandante en jefe de la Armada israelí en el momento en el que se produjo el ataque; los ex ministros de Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, Ehud Barack, Avignor Lierberman y Eli Yishai, respectivamente; el ex ministro sin cartera Benny Begin, así como el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom. El juez remitió la información obtenida a través de comisiones rogatorias enviadas a Israel y Turquía al Tribunal Supremo peninsular, cuya sala segunda debe decidir si esas investigaciones son efectivas.

En el caso de que el Supremo no dé validez a ese pedido, Ruz se mostró partidario de remitir el caso al gobierno español para que active el procedimiento de denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), “considerando éste el procedimiento más acorde con la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas”, sostuvo el juez. La CPI sería competente para juzgar los hechos, indicó el magistrado, ya que el navío Mavi Mármara tenía bandera de las islas Comoras, que suscribió el tratado de adhesión al tribunal internacional.

En mayo, un tribunal de Estambul ordenó el arresto de cuatro altos cargos de Israel por el asalto a la flotilla. Entre los acusados estaba Gabi Ashkenazi, por entonces jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, y los otros son el vicealmirante Eliezer Marom, el ex jefe de los servicios secretos militares, Amos Yadlin, y el responsable de este organismo en la Fuerza Aérea, Avi-shay Levy. El juzgado turco había anunciado que exigiría que los cuatro funcionarios fueran juzgados en Turquía, donde la fiscalía pedía cadena perpetua para ellos.

Desde la apertura del caso, en mayo de 2012, los cuatro acusados fueron representados por abogados de oficio mientras el tribunal enviaba citaciones judiciales a través del gobierno turco, según informó el diario turco Hürriyet. Ante la ausencia de respuestas, el tribunal decidió emitir órdenes de arresto internacionales y anunció que solicitaría al gobierno la tramitación de un alerta roja en Interpol. La prensa turca duda de que la orden judicial tenga un gran impacto sobre las relaciones entre Israel y Turquía, después de que Ankara expulsara al embajador israelí en 2011.

“La decisión no podrá ser implementada. Lo máximo que puede ocurrir es que los acusados no vendrán a pasar sus vacaciones en Turquía”, opinó el analista Semih Idiz en declaraciones a la cadena de noticias CNN Türk. La misma opinión tuvo el jurista Ilhan Cihaner, ex fiscal y diputado del principal partido de la oposición, el CHP. “Primero hay que ver si se cumplen todos los requisitos técnicos para emitir un alerta roja, y aun así, Interpol podría rechazar la solicitud por encontrarle defectos. Pero no creo que llegue tan lejos”, analizó Cihaner. “Probablemente, la decisión del juzgado sólo tenga consecuencias diplomáticas. Y no creo siquiera que el gobierno esté muy feliz con ese giro”, agregó.