El proceso de renegociación de la deuda debe remontarse al mal llamado Blindaje (2000) y al Megacanje (2001) llevados adelante por el gobierno de la Alianza, con el estricto seguimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos planes fueron presentados por los funcionarios de entonces como “salvatajes”, pero resultaron un gran negocio para bancos, financistas y las ex AFJP. Los protagonistas principales fueron José Luis Machinea, Domingo Cavallo, Daniel Marx y Federico Sturzenegger.

El Blindaje fue el eufemismo utilizado por el ex presidente Fernando de la Rúa y Machinea para anunciar que el gobierno recibiría un préstamo de 40.000 millones de dólares para “blindar” la economía maltrecha y “prevenir el desempleo y la crisis social”. Así fue explicado, incluso, por los principales medios de comunicación. El acuerdo incluía la participación de los bancos privados, AFJP, FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. El dinero recibido tenía por objetivo pagar vencimientos de deuda con más deuda, lo que la Presidenta describió como una “bicicleta financiera”.

Los consultores y economistas del establishment aseguraban que ese mecanismo desataría una lluvia de inversiones externas que vendrían hacia Argentina. Argumento muy similar al discurso que hoy enarbolan los empresarios del Foro de Convergencia Empresarial, quienes sostienen que si el país “tuviese seguridad jurídica”, lloverían inversiones. Pero eso no era todo. El generoso préstamo tenía otros condicionantes, como por ejemplo la eliminación de la prestación básica universal, el aumento de la edad jubilatoria y una fuerte reducción del gasto público. Los tecnicismos utilizados fueron “metas fiscales”, “ahorro público”, “racionalización del gasto”, “eficientizar el Estado”.

Antes del trágico final del 19 y 20 de diciembre de 2001, el gobierno de la Alianza había considerado como una buena opción convocar a Cavallo, ex ministro de Menem, como el nuevo superministro de Economía. El cordobés había llegado con el Megacanje bajo el brazo, una operación ideada por David Mulford (procesado, con pedido de captura y luego sobreseído), ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Crédit Suisse First Boston. La propuesta consistía en canjear 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 bonos, con vencimientos hasta el año 2031. Sin embargo, la operación aumentó la deuda en un volumen exponencial.

El perito financiero Moisés Resnick Brenner afirmó que el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares por el salto de la tasa de interés que implicaba el canje de bonos. Las comisiones pagadas a los bancos Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Crédit Suisse First Boston ascendieron a 150 millones de dólares. Mulford atesoró para sí 20 millones de dólares.

Los banqueros no sólo acordaron las cuantiosas comisiones para los autocanjes, sino que también definieron con los funcionarios de Economía los precios de los bonos Brady, Par y Discount. Según la Oficina Nacional de Crédito Público, ese “acuerdo” trajo pérdidas para el Estado por 108 millones de dólares. Luego del Megacanje, la deuda pública total pasó de 124.358 millones a 126.606 millones. Es decir, un incremento de 2248 millones de dólares. En cuanto a los intereses, se pasó de 82.246 millones a 120.650 millones, un incremento de 40.649 millones. A esto se le sumó una capitalización de intereses por 13.052 millones.