La Justicia declaró inconstitucional la norma que impide a los jubilados afiliados a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) hacer uso del derecho de optar por otro servicio médico, del cual gozan los trabajadores activos. El juez Pablo Mántaras consideró que esa cláusula “discrimina” al demandante por el solo hecho de pertenecer a la categoría de jubilado, y ordenó a la Anses que derive las retenciones por obra social “a la empresa de medicina prepaga u obra social que (él) elija”, dentro del grupo que celebraron convenio con la ObSBA.

Mántaras, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar parcialmente al pedido de un jubilado que solicitaba que se le permitiera el libre ejercicio de su derecho de elección de obra social o empresa de medicina prepaga. El juez rechazó, sin embargo, la pretensión del accionante de que se le reintegren todos los aportes que había realizado, en forma compulsiva, a la ObSBA.

El derecho a la libre opción de la obra social de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad fue establecido por la ley 472, sancionada en 2000. Esa norma establecía como plazo máximo el 1º de enero de 2003 para que la ObSBA adhiriera al Sistema Nacional de Seguro de Salud, de manera que sus afiliados dejaran de ser cautivos y pudieran elegir otra obra social o una prepaga adherida al sistema. Pero la ObSBA eludió ese trámite. Hasta que Mauricio Macri, en el primer decreto de su gobierno, dispuso la intervención de la obra social.

La medida derivó en un conflicto con el gremio Sutegcba, que controla la obra social, y un posterior pacto con su dirigencia, por el cual el sindicato continuó al frente de la prestadora y aceptó la desregulación, que sólo alcanzó a los trabajadores activos. Finalmente, la ley 3021 estableció que a partir del 1º de abril de 2009 quedaría “asegurada la libre opción de obra social para todos los trabajadores activos”. Pero sólo podrían pasar a las obras sociales y prepagas que firmaran convenios con la ObSBA.

El jubilado demandante, identificado en la sentencia como C.E.U., inició una acción de amparo hace ya más de cinco años para reclamar el acceso a ese derecho que tienen los trabajadores activos, pero se les niega a los jubilados y pensionados. El hombre argumentó que padece problemas de salud, que no eran atendidos de manera eficiente por la ObSBA, por lo que debía pagar los servicios de una prepaga.

El accionante cuestionó el artículo 3 de la ley 3021, que expresamente establece que “la afiliación y cobertura de todos los jubilados y pensionados (...) quedará a cargo de la ObSBA”. El juez le dio la razón apelando a un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que, en 2012, consideró que ese artículo “hace uso de un criterio de exclusión discriminatorio e irrazonable pues instituye una categoría de personas (los jubilados y pensionados) que se ven privadas del potencial ejercicio del derecho de opción (...), lo cual es violatorio de los derechos prescriptos” por la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este trato diferente colisiona –dice Mántaras– con la lógica circunstancia de que, al avanzar en edad el afiliado, se produce un proporcional deterioro en el estado general de su salud.” Así, razona el juez, “quien mayor necesidad tiene de acudir al sistema de salud, más interesado estará en ejercer el derecho de optar por la cobertura que –a su juicio– le otorgue mejores prestaciones y servicios”. Por lo cual, concluye que el límite fijado por la ley “vulnera la garantía de igualdad contenida en los artículos 16 de la Carta Magna y 11 de la Constitución local”.

El jubilado también reclamó el reintegro de los aportes desde el 1º de enero de 2003, ya que, argumentó, nunca utilizó los servicios de la obra social. Para rechazar esa pretensión, el juez fundamentó que esas sumas integran el patrimonio de la entidad y su devolución al afiliado “supondría desnaturalizar el carácter solidario del sistema”.