Casi por la unanimidad de los legisladores, 62 en 63, la Cámara baja aprobó el martes por la noche el proyecto que prohíbe la compra y tenencia de tierra con fines de explotación agropecuaria a empresas extranjeras o a las instaladas en el país en las que participe directa o indirectamente un Estado extranjero. El único voto en contra fue del diputado Juan Angel Vázquez, de Vamos Uruguay, aunque, cuando fue consultado por el diario uruguayo La República por el sentido de su voto, confesó que sí estaba de acuerdo con la iniciativa del gobierno.

El proyecto que ahora pasó al Senado para su sanción definitiva se inspira en reglamentaciones similares de otros países en las que se limita el área de tierras como en la Legislatura de Nueva Zelanda, Brasil, Argentina y Australia. El proyecto declara en su artículo 1º que “es de interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación con los recursos naturales en general y en particular a la tierra”. La iniciativa, de siete artículos, que fue aprobada el lunes en la Cámara de Representantes y está inspirada en su argumentación en la legislación similar impulsada en Argentina, contó con el apoyo de todos los partidos.

En los argumentos del texto se resalta la ley argentina Nº 26.737, promulgada en diciembre de 2011, que dice que establece un “régimen de protección al dominio nacional”, en Argentina, y “limita la titularidad del dominio o posesión de tierras por parte de personas extranjeras, físicas o jurídicas de las tierras del 15 por ciento del territorio nacional” argentino, entre otras menciones.

En la exposición de motivos, el texto también aduce que, en función de la importancia económica del factor tierra para Uruguay, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo de las actividades productivas en el bienestar de los uruguayos. Para el oficialismo, hay que consolidar la soberanía nacional y defender un recurso natural como es el suelo, codiciado por empresas y países extranjeros, principalmente para la producción de alimentos.

No es la primera vez que el gobierno de José Mujica impulsa una ley de tierras.

En diciembre de 2011, el Congreso uruguayo aprobó una ley para gravar a los latifundios. Esa ley, llamada ICIR, prevé que quienes tienen de dos mil a cinco mil hectáreas pagarán 8 dólares al año por cada unidad; los que posean de cinco mil a 10 mil hectáreas desembolsarán 12 dólares, y quienes sean dueños de mayores extensiones deberán pagar 16 dólares. En todos los casos, el impuesto se aplica a tierras con índice Coneat (utilizado para medir la fertilidad del suelo) superior a 100 o equivalente: así 3000 hectáreas con índice 60 no pagarían, pero 1500 hectáreas con índice Coneat 200, sí. En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que, en dólares corrientes, el valor de la hectárea se multiplicó por 9 en veinte años y que en dólares constantes se multiplicó por 4, y señala que esta valorización de la tierra no se reflejó a nivel fiscal.

El ICIR, más conocido como ley del agro o impuesto a la tierra, permitirá recaudar 60 millones de dólares anuales, que serán destinados al mejoramiento del medio rural, con la construcción de caminos, puertos y vías férreas que den acceso a los establecimientos industriales y comerciales en los departamentos no relacionados con grandes proyectos viales. El objetivo de esa ley es desalentar la concentración de la propiedad.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) divulgado en Uruguay indica que en esos países vecinos se han producido algunos negocios mediante mecanismos directos o a través de acuerdos con empresas privadas a la que algunos gobiernos asiáticos les facilitan la operación a cambio de la entrega futura de alimentos.