Desde Barcelona

La ONU lo tiene clarísimo, España no puede seguir incumpliendo las normativas internacionales en materia de memoria y justicia histórica. Y para que el gobierno de Mariano Rajoy lo empiece a tener igual de claro, el organismo presentó el pasado miércoles un informe con 42 recomendaciones que insta a hacer efectivas en un plazo de 90 días. “Es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y, en particular, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. España debe asumir su responsabilidad y elaborar una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”, sentencia el documento de Naciones Unidas.

El informe, fruto de la visita a España en septiembre de 2013 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, de la ONU, refleja “la profunda frustración de las víctimas del franquismo frente a los obstáculos administrativos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos”, según expresa el texto.

Con el objetivo de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas de personas, el grupo de trabajo de la ONU se reunió el año pasado con autoridades de todo el país, cientos de víctimas y organizaciones de familiares de desaparecidos, así como con otros colectivos de la sociedad civil (abogados, historiadores, médicos, arqueólogos, antropólogos forenses y académicos), y concluyó que “se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975), sin existir hasta la fecha una cifra oficial –y por tanto un censo estatal de víctimas– del número de personas desaparecidas”.

El texto, firmado por quien encabezó la delegación que viajó a España en 2013, Ariel Dulitzky, incluye 42 recomendaciones para el gobierno del Partido Popular (PP) y concede al Ejecutivo 90 días para planear cómo aplicarlas. De momento, y siguiendo la línea mantenida hasta ahora, el grupo de Mariano Rajoy no dio ninguna respuesta a estas sugerencias. De hecho, tras conocer el contenido del informe, el presidente hizo una última comparecencia antes de sus vacaciones estivales en la que ni mencionó el asunto. Las cientos de asociaciones que desde hace casi cuarenta años pelean por la justicia histórica sostienen, sin embargo, que el texto de la ONU podrá constituir un arma significativa a la hora de presionar al gobierno para que tome, por fin, medidas en la investigación de los crímenes del franquismo. Su intención es utilizarlo en septiembre, cuando la vida normal del país se reanude tras la pausa del mes vacacional, en futuras reuniones con las autoridades, y en coincidencia con la 104 sesión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas que se celebrará en Ginebra del 15 al 19 de septiembre.

Entre los obstáculos con los que las víctimas se encuentran para ver reconocidos sus derechos, el grupo de trabajo menciona el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica, debido al retiro de fondos por parte del gobierno del PP para su implementación durante los dos últimos años, bajo el siempre inapelable argumento de la crisis económica. Por eso, las Naciones Unidas recomiendan a España que proporcione “mayor apoyo institucional y financiero” a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una “entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros” que se encargue de “todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento de una base de datos central sobre desapariciones”. Asimismo, el informe pide al gobierno que elabore un “plan nacional de búsqueda” de estas personas y que lo ponga en marcha “a la mayor brevedad posible”.

Otro de los puntos destacados por el grupo de trabajo es la obligación de investigar y el fin de la Ley de Amnistía que, desde su sanción en 1977, es el paraguas bajo el cual el gobierno se cubre para no hacerlo. La ONU recomienda “investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de éstas”. Para ello, reclama “eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales”, como sucedió cuando Baltasar Garzón, único juez que abrió una causa sobre los crímenes del franquismo, fue acusado de prevaricación. De ahí que la ONU proponga ahora a España “actualizar, depurar y poner a disposición del público” la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.

El informe elaborado por Naciones Unidas le pide, además, al gobierno que “vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” y reclama, especialmente, que se saquen del monumento que Franco hizo levantar en Madrid en su propio honor, el Valle de los Caídos, los restos del dictador para convertirlo en un museo de la memoria similar al que en Buenos Aires acoge la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La ONU tampoco pasa por alto la limitación de la jurisdicción universal llevada a cabo por Rajoy y le recuerda que sus reformas legislativas en torno de la materia no deben afectar a la investigación de casos de desaparición forzada, solicitándole explícitamente que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como lo está haciendo la Justicia argentina con los crímenes del franquismo.

La necesidad de crear un banco de ADN y la búsqueda de bebés robados también se incluyen dentro de las prioridades marcadas por la ONU. El organismo internacional recomienda a España “fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación” y crear un banco nacional de ADN que integre “muestras genéticas de todos los casos denunciados”, lo cual para Roger Heredia, impulsor del banco de ADN desarrollado por la Universidad de Barcelona, significa también un paso importante “para la investigación de los miles de cuerpos enterrados en las fosas comunes que aún están sin exhumar”.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad, que representa a más de cien asociaciones por la memoria histórica, reivindicó que la ONU vuelva a apoyar su causa “dando la razón a las víctimas del franquismo” en su denuncia de la “indefensión y el desamparo que todavía sufren miles de estas víctimas y sus familiares”, según expresó en un comunicado tras conocer la noticia del informe.

En un país con cerca de 150 mil víctimas de desapariciones forzosas, con 2831 fosas comunes pendientes de ser exhumadas y en el que se notificaron decenas de miles de casos de robos de niños durante la dictadura de Francisco Franco, la plataforma recalca que España está obligada a dar respuesta a los familiares y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos. Según el documento de la ONU, “éste es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional”.