Desde Londres

Unos 250 de los combatientes británicos del Ejército Islámico en Siria y en Irak se encuentran de regreso en el Reino Unido. El jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Sir Bernard Hogan-Howen, señaló que se trata de una emergencia que requiere un endurecimiento de la actual legislación antiterrorista, que contemple el retiro de los pasaportes o la derogación de ese principio básico del derecho, la presunción de inocencia hasta que se haya demostrado lo contrario.

El lunes, el alcalde de Londres, Boris Johnson, que aspira a sustituir al primer ministro David Cameron como líder conservador si pierden las elecciones de mayo, propuso invertir la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad que obligue a cualquier británico que regrese de Siria o Irak a probar que no tiene nada que ver con el terrorismo. En sus declaraciones a la radio LBC de Londres, el jefe de la policía capitalina apoyó plenamente esta medida. “Tenemos que partir de la premisa de que si alguien ha estado en Siria es porque está involucrado en terrorismo. Ellos tienen que demostrar que esto no es así. Es muy difícil para nosotros porque no tenemos manera de establecer contacto con la policía de un Estado como el sirio, que se está desintegrando”, señaló Sir Bernard Hogan-Howen.

El jefe de la policía londinense calculó que unos 200 combatientes están en Londres, epicentro en 2005 del más importante atentado terrorista de la posguerra, cuando cuatro atacantes suicidas británicos hicieron detonar bombas en el transporte público, provocando la muerte de 52 civiles y más de 700 heridos. “Cualquier medida que impida estos ataques terroristas es buena. Tener un pasaporte es un privilegio para un ciudadano de un país. Si va a combatir en otro país contra otro Estado, me parece que ha tomado una clara decisión”, indicó.

Las declaraciones de Boris Johnson y del jefe de la policía de Londres intensifican la presión sobre el gobierno, a días de que se retome la actividad parlamentaria luego del receso de verano. La ministra del Interior, Theresa May, también aspirante a suceder a Cameron como líder conservador en caso de derrota el próximo mayo, indicó que los británicos que hayan combatido en Siria e Irak podrían perder su ciudadanía, pero tendrá que reforzar su imagen de dureza ante la Cámara de los Comunes la semana próxima.

En la oposición, los conservadores criticaron a los laboristas por lo que llamaron medidas draconianas antiterroristas. En 2005, cuatro meses después de los atentados contra el transporte público de Londres, el mismo Boris Johnson rechazó este tipo de medidas recordando un incidente de sus tiempos de universitario, cuando pasó la noche en una celda de comisaría por los desmanes cometidos con sus colegas del Club Bullingdon, que concentra a la crema de la sociedad británica (al que también perteneció en sus días de estudiante David Cameron). “Me di cuenta de pronto del inmenso poder del Estado y de su capacidad para convertir mi vida en un infierno”, señaló Johnson.

Con la necesidad de proyectarse a nivel nacional como potencial líder de los conservadores y posible primer ministro, este recuerdo es hoy olvido. El martes, una portavoz de David Cameron señaló que no habría una reacción apresurada por la amenaza que representa el Ejército Islámico y el revuelo que causó el video de la decapitación del periodista estadounidense James Foley, ejecutada por John, el Carcelero Jihadista, que se dirigía a la cámara con un claro acento británico.