El oficialismo y la oposición en Chile se mostraron a favor de avanzar conjuntamente en la reforma de la ley antiterrorista. La presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se reunieron ayer con los líderes de los partidos de todo el arco político para analizar el plan de modificación sobre los vacíos legales de la legislación antiterrorista y el plan policial para prevenir nuevos ataques. “La unidad del país es siempre muy importante, porque lo que buscan algunos grupos con este tipo de actos no es desestabilizar a un determinado gobierno, sino que es desestabilizar un sistema democrático”, enfatizó la mandataria. El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, aliado del gobierno de Bachelet, no descartó ninguna opción. “Se debe estudiar la eventual reactivación de ex agentes de la dictadura”, aseguró.

La reunión en el Palacio de La Moneda, encabezada por Bachelet, trató con urgencia los temas sobre modificar el sistema nacional de inteligencia y dotar de más medios a la policía. “Quiero agradecer, y así entiendo la presencia de todos ustedes acá, para que podamos intercambiar opiniones y contarles todas las medidas que estamos tomando y cuáles son los nuevos pasos que queremos tomar. También, en particular, cuáles son los cambios legislativos que creemos que tenemos que hacer para contar con mayores capacidades y recursos para responder a este tipo de actos terroristas”, expresó la presidenta.

La cita fue interpretada como un mensaje de unidad frente al atentado con explosivos ocurrido este lunes en el subte de Santiago, que causó catorce heridos y aún no ha sido esclarecido. En la reunión, Peñailillo destacó la colaboración con las distintas fuerzas políticas. “Hoy los partidos han dado su compromiso de dar toda la celeridad en el Congreso para que Chile pronto tenga una ley antiterrorista eficaz y legitimada ante la sociedad y una Agencia Nacional de Inteligencia que tenga las condiciones y que sea construida en este contexto político”, dijo.

El ministro añadió que los sectores políticos velarán porque “no haya impunidad por el hecho cobarde que vimos esta semana, que no haya impunidad para que estos cobardes estén en manos de la Justicia lo antes posible”. Peñailillo aclaró que la decisión de enviar modificaciones a la legislación antiterrorista no fue tomada tras los atentados en el subte de Santiago, sino que son parte del programa de gobierno, y que la mesa de especialistas ya entregó un primer informe de su trabajo al respecto, lo que se verá reflejado en un proyecto de ley.

Una de las propuestas más importantes que prepara el gobierno apunta a que el delito de terrorismo sólo será tipificado como tal si se logra probar que la acción en cuestión fue realizada por un grupo organizado –con coordinación y recursos propios–, no por una sola persona.

Lo cierto es que hasta el momento el gobierno se comprometió a impulsar varias reformas legales tendientes a dotar de mayores medios y atribuciones legales a la fiscalía y a las fuerzas de seguridad. Mientras, las autoridades de Carabineros anunciaron que la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal estará al mando del general Bruno Villalobos Krumm y su objetivo será “optimizar los recursos humanos, logísticos y de información relevantes en torno de las áreas de gestión tácticas y operativas”.

El martes por la noche, una trabajadora resultó lesionada al detonar una bomba de fabricación casera en un supermercado de la ciudad chilena de Viña del Mar. El estallido ocurrió pasadas las 21 en un supermercado en el sector de Gómez Carreño de esa ciudad, a 125 kilómetros al oeste de Santiago, y la persona afectada fue identificada como Edith Mardones Gamboa, de 43 años, una de las encargadas de la limpieza del establecimiento, quien sufrió un trauma acústico y otras lesiones a causa del estallido.

Según las fuentes, el artefacto consistía en una botella de plástico rellena de material explosivo, monedas y otros objetos metálicos y ácido muriático, que detonó cuando la operaria manipuló un contenedor de basura en el estacionamiento del local. La mujer fue trasladada hasta un centro asistencial, en el que recibió atención médica y fue dada de alta un par de horas después.

El hecho ocurrió un día después del atentado explosivo que el lunes dejó catorce personas heridas en una galería comercial aledaña a una estación del subterráneo de Santiago, cuya autoría hasta ahora nadie se adjudicó, aunque las investigaciones apuntan a grupos anarquistas.

Mientras, la policía busca a los responsables del ataque explosivo, que serían al menos tres, según el fiscal encargado de la investigación, Christian Toledo. El atentado es considerado el más grave ocurrido en Chile desde la recuperación de la democracia, en 1990, cometido en un lugar por el que diariamente transitan unas 150.000 personas.