Desde México DF

El gobierno federal tomó el control de la seguridad en el municipio de Iguala, Guerrero, luego del hallazgo de 28 cuerpos calcinados y desmembrados en seis fosas clandestinas. Más de 400 agentes de la recién creada Gendarmería y de la División de Operaciones Especiales de la Policía Federal llegaron desde el lunes por la tarde a este municipio, mientras que 114 elementos de la policía local fueron desarmados y trasladados a Tlaxcala, un estado del centro del país, para someterlos a un “programa federal de certificación y capacitación”.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, huyó la semana pasada, luego de que se supo que, además de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se lo acusa de asesinar personalmente a un militante de la Unión Popular Emiliano Zapata vinculada con su propio partido, el izquierdista PRD, en junio de 2013, luego de ser secuestrado y torturado junto con otras siete personas, de las cuales dos más habrían sido asesinadas. Un testimonio del crimen fue entregado al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y luego al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Las denuncias contra Abarca fueron presentadas desde octubre del año pasado sin que se hubiera actuado en su contra. Su propio partido hizo caso omiso.

Un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano federal de inteligencia, documentó los nexos del alcalde perredista con el cartel de los Beltrán Leyva. Fechado el 1º de octubre pasado, el informe detalla también el ataque contra un centenar de estudiantes normalistas hace unos días.

El caso Ayotzinapa exhibe una realidad ya inocultable: en gran parte de México, narcos y policías son la misma cosa. El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo que uno de los detenidos hasta el momento confesó haber visto cómo llevaban a 17 estudiantes hasta el lugar en que se hallaron las fosas, donde fueron asesinados. El paraje se encuentra a unos 15 kilómetros del lugar donde los estudiantes fueron acribillados por policías y civiles armados la noche del 26 de septiembre. Seis personas murieron en el lugar y 25 más resultaron heridas.

En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, demandó en una nota oficial el esclarecimiento de este crimen “tan inhumano como absurdo”, y apuntó que el episodio “enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que se trata de “un crimen que demanda una investigación completa y transparente” para que los responsables sean llevados a la Justicia.

La impunidad en Guerrero ha propiciado que broten como hongos policías comunitarias y autodefensas, que se suman a brotes de guerrilla históricos. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan en Guerrero, desestimó las versiones oficiales que vinculan a la policía de Iguala con el crimen organizado y aseguró que esos elementos operan más bien como paramilitares. Según un comunicado de la guerrilla, los alumnos desaparecidos estarían siendo torturados en cuarteles de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Otro grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), se dijo “ofendido” por el ataque del alcalde José Luis Abarca, al que llamó “un ser despreciable e inhumano”.

Para muchos, el asesinato de seis personas a manos de policías (tres de ellas estudiantes), la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural, no sólo es un crimen de Estado sino que alcanza el nivel de crimen de lesa humanidad. Por ello, en la capital del país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones.