Desde México DF

Frustración e indignación marcaron el tono de una reunión a puerta cerrada entre familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam. La falta de información sobre el paradero de sus hijos y nietos los llenó de insatisfacción, dijeron en una improvisada rueda de prensa al término de un encuentro a media tarde con los funcionarios federales en el hangar privado de la PGR, en el aeropuerto de Acapulco, fuertemente resguardado.

“No hay confianza en ellos; sin embargo, es el Estado mexicano y tenemos que apostarle y hacer la exigencia para que la búsqueda sea efectiva, la investigación también lo sea y que los responsables sean sancionados”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización que apoya a los familiares de los jóvenes desaparecidos.

Al mismo tiempo, en la capital del país, el sacerdote católico Alejandro Solalinde se presentaba en la PGR para aportar la información que ha recabado de familiares, testigos y al menos un sobreviviente de la matanza realizada el 26 de septiembre. Sin embargo, no pudo entregar su declaración, ni se entrevistó con el procurador Murillo Karam, como se anunció ayer en estas mismas páginas, porque el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Rodrigo Archundia, no se encontraba en las instalaciones de la dependencia cuando arribó el también director del albergue para migrantes Hermanos en el camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca. La entrevista entre Solalinde y Murillo fue reagendada para mañana jueves.

Solalinde presentaría los datos que sustentan la versión de que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados y sus cuerpos quemados, algunos de ellos todavía vivos. Incluso mencionó un mapa de la zona norte de Guerrero, colindante con el estado de México, donde podrían estar los cuerpos, según le dijeron sus informantes, “aunque lo más probable es que estén en los alrededores de Iguala”, dijo.

En Acapulco, durante más de dos horas y media, el secretario de Gobernación y el procurador general de la república expusieron las líneas de investigación ante los familiares de los jóvenes desaparecidos, sus abogados y representantes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa. La PGR se estaría centrando en la criminalización gubernamental que sufren los estudiantes y en la delincuencia organizada de la que formaba parte el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Ahí mismo, las autoridades habrían reconocido una serie de errores procedimentales en la exhumación de los 28 cadáveres que estaban en las primeras fosas clandestinas descubiertas.

Los representantes de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa insistieron en que la línea de investigación que importa es aquella que lleve a localizar a sus compañeros, pero los abogados de Tlachinollan reiteraron que lo informado por el secretario de Gobernación y por el procurador general de la república “no nos satisface”. Según explicaron, “los padres de familia tienen la seguridad de que los muchachos están vivos; no nos dejamos llevar por los medios de información que anuncian que ya los quemaron o que están muertos”.