Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmó ayer el dictamen para votar la semana que viene el proyecto de Ley de Hidrocarburos. La iniciativa apunta a institucionalizar algunas reglas de inversión para el sector, con el objetivo de incentivar los negocios de empresas nacionales y extranjeras para avanzar en la recuperación del autoabastecimiento energético. El ministro de Planificación, Julio de Vido; el presidente de YPF, Miguel Galuccio; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, fueron los principales funcionarios que participaron del debate. La propuesta cuenta con media sanción del Senado.

“La nueva Ley de Hidrocarburos es una herramienta fundamental para lograr la soberanía energética. Es un proyecto que permite consolidar el proceso que iniciamos en 2004”, afirmó De Vido. Destacó que “la iniciativa es el resultado de más de cinco meses de trabajo plasmado a través de los consensos entre el Gobierno y las provincias petroleras”. El funcionario defendió la participación del Estado en el sector hidrocarburífero, mientras que puntualizó los objetivos de la nueva ley. “La apuesta es clara: asegurar el autoabastecimiento, el ahorro de divisas y la generación de nuevas fuentes de trabajo”, subrayó el ministro de Planificación.

El proyecto del Gobierno avanza en distintas direcciones para potenciar el marco regulatorio del sector energético. La iniciativa fija nuevos plazos para las concesiones de explotación. Los yacimientos convencionales tendrán contratos de producción por 25 años, los no convencionales por 35 años y los desarrollos off-shore (plataforma marítima) por 30 años. A su vez, las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones. Estas firmas deberán pagar mensualmente regalías del 12 por ciento (cifra que podría incrementarse hasta un máximo del 15 por ciento). Además, la normativa reduce plazos de permisos otorgados a las petroleras, con el objetivo de incentivar inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a los 250 millones de dólares.

“El proyecto de Ley de Hidrocarburos es completo, moderno, homogéneo y transparente”, afirmó Mariana Matranga. Explicó que en la reglamentación anterior de 1967 no existían las nuevas tecnologías de producción. “Para poder alcanzar el autoabastecimiento energético la clave era modernizar el marco legal”, indicó la funcionaria. En su exposición en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Energía y Presupuesto agregó que las provincias mantienen en la nueva normativa su potestad para otorgar, controlar y revocar los permisos de explotación de las petroleras.

El presidente de YPF destacó la relevancia de la nueva normativa para incrementar las inversiones en el sector, al tiempo que indicó que es prioritario avanzar en la exploración de las plataformas marítimas. “La ley es clave para atraer inversiones para fomentar nuestra propia industria. Pone en valor el sector off-shore que será central para incrementar la producción, generar empleo y distribuir regalías para las provincias”, mencionó. Precisó que México, Colombia y Brasil ya realizaron reformas en la regulación para potenciar los niveles de inversión en la actividad petrolera. En cuanto a las críticas de la oposición, aseguró que el proyecto de ley no contempla prórrogas automáticas ni “perpetuidad” de las concesiones. “Las extensiones del contrato sólo podrán pedirse si las empresas cumplieron con sus compromisos y presentan un plan de inversión a futuro”, dijo Galuccio.

El secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, apuntó que la apuesta de la iniciativa es avanzar en la producción de energía para acompañar la expansión del mercado interno. “La expansión de este sector es vital para acompañar el crecimiento y saldar el problema cíclico de los cuellos de botella energéticos (que afectan el movimiento económico local)”, mencionó. Aseguró que “la iniciativa apunta a que el Estado no deba ir a comprar combustible en el exterior, sino que lo extraiga de su propio territorio, generando nuevas fuentes de empleo nacional”. El funcionario remarcó que la medida busca promocionar la inversión productiva en detrimento de la especulación. “La iniciativa del Gobierno fomenta a quienes inviertan, en vez de especular con la posesión de un pozo o de la tierra”, completó.