La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas puso en evidencia la crisis que atraviesa el Estado mexicano. El fracaso de las autoridades para localizar a los jóvenes y la complicidad entre el crimen organizado y las distintas instancias de gobierno en el caso acentuaron el descreimiento generalizado de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. “El Estado quedó desbordado ante esta masacre, porque había señales claras, por lo menos desde hacía un año, de que Iguala era un foco de violencia y que había un gobierno paralelo. El alcalde ahora detenido, José Luis Abarca, había ejecutado él mismo a un líder social un año atrás. De hecho, se había abierto una averiguación previa, pero la Procuraduría federal no siguió el caso. Ante las evidencias, los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, no hicieron nada”, aseguró en diálogo telefónico con Página/12 Carlos Illades Aguiar, historiador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y autor de Breve historia de Guerrero.

El escepticismo ante el accionar de los funcionarios es tal que los padres de los normalistas rechazan la versión del procurador general, Jesús Murillo Karam: que los policías de Iguala y Cocula (Guerrero) entregaron a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos para ser asesinados. “El Estado federal está rebasado, está actuando en distintas regiones del país, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas. No tiene la capacidad militar ni institucional para enfrentar estos problemas. Por otro lado, distintos órdenes del Estado y del gobierno están parcialmente interferidos por el crimen y por la economía criminal. Es ineptitud, es incapacidad y, al mismo tiempo, connivencia”, explicó el académico mexicano.

“Está comprobada la participación de la policía local, aunque no sabemos hasta qué punto participaron otras fuerzas del Estado. Pero no es sólo el Estado sino éste asociado con el crimen organizado. Esa es una razón importante de la reacción”, agregó Illades Aguiar, quien señaló que lo que dio notoriedad a la masacre de Iguala fue la acción de los cuerpos de seguridad del Estado.

Apenas conocidos los hechos, la indignación se transformó en sentimiento nacional. A pesar de que la violencia constituye un telón de fondo en México, los niveles de impunidad en torno de lo ocurrido en Iguala sacudieron a la sociedad. “El presidente Enrique Peña Nieto no ha articulado una estrategia distinta a la de Felipe Calderón. Lo que ha hecho es bajar el tono en los medios al tema de la guerra y del enfrentamiento con las bandas criminales. Desde que asumió la presidencia, Peña Nieto está más preocupado por las llamadas reformas estructurales, en particular la energética. Prácticamente borró de las pantallas y de los medios el conflicto con el crimen organizado, sobre todo las matanzas. Por eso sorprende más lo que ocurrió en Iguala”, evaluó Illades Aguiar.

En este punto coincidió Ariel Rodríguez Kuri, profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México: “El gobierno de Peña Nieto confió en que desplazar la nota roja de las primeras planas de los medios sería suficiente para bajar la tensión social y política con respecto al crimen. De hecho, el gobierno no tiene una doctrina de seguridad nacional ni tampoco, propiamente hablando, una doctrina militar, como tampoco la tuvo Calderón. Confiaron en su astucia, pero no en la creación de políticas de Estado”, dijo a este diario.

Según su análisis, la respuesta de los mexicanos ante la desaparición de los 43 jóvenes se debe a que la “normalización” de situaciones extremas tiene un límite. “Quizá sería un exceso hablar de normalización de la violencia en la sociedad mexicana. Tal vez se trata de un estado de shock colectivo que disminuye las respuestas más conscientes, las inhibe y las posterga, pero en realidad no las cancela ni las suprime”, arriesgó.

Sin embargo, Rodríguez Kuri sostuvo que otra explicación sería la combinación de los actores que intervinieron en el caso. “Estudiantes, policías, alcaldes, partidos políticos y delincuentes como agentes activos. Gobierno nacional, gobierno estatal, ejército como actores omisos. Con esto quiero decir que la reacción ante la violencia y el crimen tendía a postergarse por la dicotomía puesta en boga por Calderón y por los medios entre los buenos de un lado y los malos del otro. Ayotzinapa muestra uno de los escenarios más ominosos que puede enfrentar la sociedad: la zona de grises, la extensa zona de transición entre la delincuencia más brutal y descarnada, y la utopía de una sociedad buena y pacífica”, señaló.

“Aunque tomará tiempo reconocerlo, la indignación de la sociedad mexicana es una respuesta necesaria no sólo ante la autoridad política sino ante sí misma, por aquello que obvió, perdonó, omitió, dejó pasar. Y esto hay que subrayarlo: los delincuentes no vienen de Marte, los ha producido la sociedad misma”, subrayó el investigador del Colegio de México.

En este sentido, la falta de determinación de las autoridades podría perjudicar el desarrollo del país. “Un ejemplo ilustra esa improvisación, que raya en la irresponsabilidad: la reforma energética. Es así porque México tendrá nuevos y poderosísimos jugadores operando sobre el territorio nacional en zonas alejadas. ¿Un gran tiburón petrolero transnacional estaría dispuesto a pactar con los malos de la región para que lo dejen explotar sus franjas concesionadas? Imaginemos un Abarca a escala petrolera, gobernando un estado petrolero rico en México. ¿Imposible? La propuesta de reforma energética de Peña Nieto ni siquiera utilizó el término seguridad nacional cuando propuso la reforma constitucional. Es como si el impacto mediático de la reforma hiciera inútil o redundante toda política que previese escenarios de riesgo para la seguridad. Peña Nieto es un tigre de papel en cuanto a la obligación de todo estadista: adelantar, prever escenarios de riesgo para sus ciudadanos”, advirtió Rodríguez Kuri, quien además indicó que “hay marketing, pero no estrategia”.

En tanto, Illades Aguiar recordó que el recrudecimiento de la violencia comenzó durante el gobierno de Calderón (2006-2012), cuando su gobierno lanzó la llamada “guerra” contra el narcotráfico. “Cuando Calderón hizo su campaña para la presidencia, jamás habló de una guerra. Ni siquiera habló del crimen organizado. A la semana de haber ocupado la presidencia, declaró de facto una guerra que no estaba prevista, ni sugerida. En segundo lugar, nunca pidió autorización al Congreso ni definió los alcances. Un presidente conservador como Calderón vio en militarizar el país una salida a una sociedad bastante soliviantada y ante un candidato opositor (Andrés Manuel López Obrador) que no reconoció su victoria. Pero el problema de la guerra está en cómo la planteó”, apuntó el experto de la UAM.

“Nunca calculó los costos y tampoco identificó tan claramente al enemigo. Como buen católico reaccionario, interpretó esto como una cruzada, como una guerra justa entre los buenos y los malos. La estrategia de Calderón se dirigió a acabar con las cabezas de los carteles del narcotráfico. Pero al lograr eso, algo que luego continuó Peña Nieto, estos grupos no desaparecieron sino que se fragmentaron. Y al fragmentarse, comenzaron a invadir otras zonas. Hubo un proceso de fragmentación y expansión en el territorio nacional. Es una guerra precipitada, sin apoyos y sin consensos. Lo que tenemos en Iguala es en parte la consecuencia de esa guerra planteada en esos términos”, prosiguió Illades Aguiar.

El actual secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Angel Osorio Chong, reconoció a los pocos meses de asumir Peña Nieto en 2012 que 70 mil mexicanos habían muerto como consecuencia de la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por Calderón. La cifra podría ser incluso mayor.

Otro factor que explica la matanza de Iguala es el componente autoritario del Estado mexicano. “México no tuvo una dictadura militar, pero sí un Estado autoritario, no acostumbrado a rendir cuentas. Antes del año 2000, el PRI mantuvo la hegemonía por 70 años. Un régimen sustentado en el apoyo popular, pero también en la represión cuando era necesario. En México, aunque sin punto de comparación con Sudamérica, también hubo una guerra sucia. En la década del ’60, pero sobre todo a principios de los ’70, hubo en Guerrero dos guerrillas rurales importantes que el ejército combatió. Hay una matriz autoritaria en el Estado mexicano. Eso le ha dado un cariz más violento a la relación entre el Estado y la sociedad. Pese a la alternancia, no hubo transición en el Estado, no hubo transformación. Todavía perduran los viejos esquemas y patrones. Cuando el PRI se fue del gobierno federal, en 2000, estaba menos expuesto a la mirada pública de lo que está hoy”, destacó Illades Aguiar. Asimismo, indicó que el crimen organizado encontró en muchos gobiernos locales y estatales socios dispuestos a negociar. “El sistema de dominación política en México, en particular a nivel municipal, está muy anclado en la figura de los cacicazgos –quienes manejan recursos y movilizan a las personas para ir a votar o para ir a un acto público–, que son los que ahora han negociado a nivel local con el crimen organizado. En varias regiones del país, la presencia del crimen ha potenciado a estos cacicazgos, porque ya manejan muchos más recursos y tienen más poder. La política local y nacional se ha encarecido mucho en relación con lo que exigen las campañas. Entonces se vuelve muy atractivo conseguir recursos de la economía criminal. Estas estructuras viejas se han mezclado con el crimen organizado”, observó.

Iguala es la entrada a la zona de la Sierra en Guerrero, donde hay cultivos de amapola muy importantes. México es el principal productor de amapola de América y Guerrero es el principal productor de amapola de México. “Es una zona delicada y no se tomó ninguna medida especial, ninguna estrategia de contención del crimen y de los daños que pudiera hacer a la sociedad”, cuestionó Illades Aguiar. “México entró en un proceso de globalización muy fuerte en los últimos 25 años. Se abrieron los mercados y las fronteras, lo cual dio una oportunidad muy grande a la exportación de drogas. Teniendo una frontera de 3 mil kilómetros con el principal consumidor de drogas del planeta, era impensable que México no se orientara en esa dirección. Estados Unidos trasladó su guerra contra el crimen organizado: la corrió por debajo de su frontera. Esa guerra está ocurriendo ahora en México”, concluyó.