Desde Montevideo

En mayo pasado, la Justicia uruguaya archivó el caso Vladimir Roslik aduciendo que prescribió porque estuvo inactivo durante años. Roslik, militante tupamaro, fue el último asesinado de la dictadura (16 de abril de 1984) y todo parece indicar que quedará impune. Por años el caso estuvo amparado en la Ley de Caducidad (o amnistía) y, cuando finalmente fue reabierto, se llegó a extraviar llamativamente el expediente. En febrero de 2013, la Corte Suprema falló sobre la caducidad, quitando la categoría de lesa humanidad a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y atribuyéndoles carácter de delitos comunes. De esta forma, el máximo tribunal dejó a criterio de cada juez continuar o no con una causa. Por esa misma fecha, removió de otro juzgado a la magistrada Mariana Mota, quien había condenado a 30 años de prisión al dictador Juan María Bordaberry. El caso Roslik encendió una luz de alerta en los organismos de derechos humanos, aunque confían en la labor de la mayoría de los jueces y abogados, y consideran que el gobernante Frente Amplio, aun con demoras, ha dado respuestas a los reclamos de verdad y justicia. En esa línea ubican a Tabaré Vázquez, candidato favorito para el ballottage de mañana, y advierten que un triunfo de Lacalle Pou significaría un paso hacia atrás.

Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de PIT-CNT, recibe a esta cronista en su oficina en el edificio de la central sindical. En la pared detrás de él cuelgan afiches de las convocatorias a las marchas del silencio que se realizan por las calles de esta ciudad cada mayo, rigurosamente. Hace tres años, varias organizaciones crearon el Observatorio Luz Ibarburu (www.observatorioluzibarburu.org), una base de datos de todas las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985), dado que el sistema penal no está digitalizado. Olivera reflexiona sobre los claroscuros de la Justicia de su país. “Desde que removieron a Mariana Mota no hubo nuevos procesamientos. La represalia a la jueza y la posición conservadora mayoritaria de la Corte Suprema actúan como obstáculos. Aun así, los jueces y abogados siguen investigando, aunque se estiran los plazos: los abogados de los militares presentan recursos a tribunales de apelaciones.”

Efraín Olivera, presidente del Servicio de Paz y Justicia Uruguay (Serpaj), que forma parte del Observatorio, coincide en que el avance lento de los casos es atribuible al fallo de la Corte Suprema y también a la remoción de Mota, en cuyo juzgado se tramitaban cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos. “El traslado de la jueza fue un retroceso. Se avanzó en materia de derechos humanos mucho menos de lo que queríamos. Estuvieron encarcelados hasta su muerte Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco; lo está el último dictador, Gregorio Alvarez. Pero un gran número de militares no ha sido enjuiciado todavía.”

La mayoría de los jueces continúa las causas pese a trabas y recursos que les colocan los abogados defensores de los militares. El problema es cuando los casos llegan a la etapa de Casación o se presentan recursos de inconstitucionalidad y derivan a la Corte Suprema. Allí los procesos se enlentecen, pese al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011), a partir del caso Gelman, que obliga a Uruguay a revisar todas las causas de violaciones a los derechos humanos. En dicha sentencia, la CIDH responsabilizó al Estado uruguayo por el crimen de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena, y le solicitó que investigue y juzgue a los responsables.

Raúl Olivera señala que los organismos de derechos humanos empujaron a que el gobierno frenteamplista diera respuestas a sus reclamos. “Cuesta trabajo, pero los ministerios de Interior y Exterior han suministrado información, no así el de Defensa.”

La coalición de centroizquierda gobernante Frente Amplio aprobó en octubre de 2011 la Ley 18.831, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. En marzo de 2012, el gobierno de José Mujica asumió la responsabilidad del Estado en el caso Gelman, en un acto público y significativo. Pero en 2013, la Corte Suprema determinó que los artículos dos y tres de la Ley 18.831 eran inconstitucionales, lo que implica que los jueces penales que manejan causas vinculadas con la dictadura podrán resolver el archivo de los expedientes.

Macarena Gelman, nieta restituida del poeta argentino, es la asesora en materia de derechos humanos de la campaña de Tabaré Vázquez y diputada electa para el próximo período legislativo. Su presencia en la política del Frente Amplio es vista por los militantes por los derechos humanos como una señal positiva.

A todo esto, varios académicos extranjeros y uruguayos radicados en el exterior, como Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, difundieron una carta abierta a Vázquez y Lacalle Pou, exhortándolos a “remover todos los obstáculos que bloquean la denuncia de violaciones a los derechos humanos y el avance de los procesos judiciales en los tribunales, sin más demoras injustificadas e indebidas”.

Olivera cuenta que los representantes del Observatorio Luz Ibarburu tuvieron una reunión con el candidato frenteamplista meses atrás y le reclamaron un mayor acceso a los datos en el Ministerio de Defensa. Vázquez se comprometió a darles una respuesta. También se contactaron con políticos del Partido Colorado, que se negaron a participar, e intentaron hablar con el referente del Partido Nacional, pero nunca contestó. “Lacalle Pou dijo que suspendería las excavaciones en busca de los restos de desa-parecidos para cerrar un capítulo, pero luego reconoció que eran poco felices sus palabras”, recuerda Olivera y agrega: “Si ganara el candidato nacionalista, no estaría más la colaboración del Estado, sería un aval a la arbitrariedad que comete la Corte Suprema”. Los referentes de la lucha contra la impunidad recuerdan que durante el gobierno de Lacalle padre no se pudo avanzar en hacer justicia.