Desde Brasilia

Combustible pesado. Dilma Rousseff pasó ayer el día junto al mar armando las piezas del gabinete con el que iniciará este jueves su segundo mandato, signado por el escándalo de corrupción en Petrobras, agravado tras la acción judicial promovida la semana pasada por un estudio de abogados ante un tribunal de Nueva York.

Dilma ya anunció a Joaquim Levy, un ejecutivo del banco privado Bradesco, como ministro de Hacienda, y a dos cuadros del PT en los cargos de mayor peso político: Aloízio Mercadante al frente de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) y Miguel Rosetto en la Secretaría General de la Presidencia.

Aún no resolvió algunos puestos clave como el Ministerio de Relaciones Exteriores, adonde podría ir el actual jefe de Defensa, Celso Amorim, un diplomático de carrera que fue canciller durante los dos mandatos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según una versión publicada ayer por el diario Estado de São Paulo.

De ser así, Amorim –cuyos 8 años como canciller se caracterizaron por el acento en la integración regional– asumiría durante el semestre en el que Brasil ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, coincidiendo con la Cumbre de las Américas en Panamá de abril, cuando se espera la presencia de Cuba luego de la recomposición de relaciones con Estados Unidos.

Otra cartera que aguarda definición es la de Comunicaciones, donde el PT espera que sea nombrado Ricardo Berzoini, quien ha manifestado su compromiso con una política de democratización de los medios y que contaría con la bendición de Dilma, interesada –según anunció– en la regulación económica de la radio y la televisión.

Ni Amorim ni Berzoini fueron salpicados por las denuncias de sobornos y lavado de millones de dólares descubiertos por la policía federal en el operativo “Lava Jato” de altos funcionarios de Petrobras y las mayores empresas constructoras del país. Sí habrían sido enchastrados por la coima y el tráfico de divisas algunos miembros del oficialista PT y varios dirigentes de partidos aliados.

Estas fuerzas políticas, en general de derecha, ponen como condición para permanecer en la alianza que sustenta al gobierno que se les asignen asientos en el gabinete de 39 ministros que posarán junto a Dilma en la foto oficial del jueves. Por lo pronto sólo se conoce el nombre de 16 colaboradores.

Ocurre que, debido al secreto del sumario, Dilma desconoce la identidad de los 28 políticos denunciados a la Justicia por el preso Pauo Roberto Costa, un ex director de Petrobras que abrió la boca para beneficiarse con la delación premiada.

La presidenta pidió a la Procuraduría General de la República que le haga saber quiénes son los acusados, pero el organismo le negó la información, citando el secreto procesal que sólo se levantará en febrero, cuando el proceso llegue al Supremo Tribunal Federal.

La rigidez de la Procuraduría ante el pedido de la presidenta no se compadece con la actitud irresponsable de jueces y policías federales que filtraron decenas de nombres a la prensa opositora.

En consecuencia, Rousseff tendrá que escoger con sumo cuidado y valiéndose de informaciones extraoficiales los nombres de algunos ministros, corriendo el riesgo de que en febrero tengan que renunciar porque aparecieron en la lista empetrolada.

Esto demuestra hasta dónde el caso Petrobras interfiere en las decisiones con vistas al segundo mandato dilmista. Y no sólo eso: la semana pasada, el escritorio jurídico Labaton Sucharow abrió una causa en Nueva York, aduciendo que accionistas norteamericanos fueron perjudicados porque los balances de la petrolera fueron manipulados.

En su escrito, Labaton Sucharow incluye a Dilma Rousseff y al saliente ministro de Hacienda, Guido Mantega, como “personas de interés”, o sea no imputadas en ningún cargo, pero que podrían ser convocadas a declarar en condición de testigos, con el consecuente impacto político que esto implicaría, además de un potencial desplome de las acciones.

Según parece, los letrados de Labaton Sucharow, y otra decena de bufetes que impulsan acciones similares, actuaron más guiados por el sentido de la oportunidad que de la justicia. Dicho de otro modo: se mueven como caranchos, esperando que la presa se desangre.

Esos estudios incluyen el nombre de Dilma, no porque haya alguna sospecha de su honradez sino para generar escándalo y aumentar el precio que podrían cobrar a Petrobras para llegar a un arreglo.

Este fin de semana, luego de conocida la nueva acción judicial en Nueva York, el economista Luiz Gonzaga Belluzzo, asesor de la presidencia, declaró que está en curso un plan para desguazar a la compañía fundada en 1953 por Getúlio Vargas. “En realidad lo que se quiere hacer es privatizar al máximo la explotación del petróleo y quitarle todo lo posible a Petrobras. Lo que están haciendo es imperdonable, porque todo esto debilita mucho a la empresa”, dijo Belluzzo a un portal de noticias ligado a la Central Unica de Trabajadores.

Mientras tanto, la mandataria permaneció ayer en una playa del estado nordestino de Bahía, adonde viajó con su madre, su hija y su nieto Gabriel.

Aquí, en Brasilia, el Rolls-Royce presidencial recorrió ayer la avenida principal, en un ensayo de lo que será el desfile de Dilma antes su investidura y posterior saludo al público desde el balcón del Palacio del Planalto, donde ya fueron colocados parte de los asientos para los dos mil convidados, entre quienes se destacan el presidente venezolano Nicolás Maduro, el vicepresidente norteamericano Joe Biden, además de la mandataria chilena Michelle Bachelet y su colega uruguayo José Mujica.