A raíz de denuncias de vecinos, la policía federal mexicana encontró 61 cadáveres en un crematorio abandonado de Acapulco, si bien no fue precisada la causa de la muerte de esas personas. El hallazgo despertó temores de que pudiera tratarse de un nuevo caso de desaparición masiva de víctimas de los carteles narcotraficantes mexicanos.

El olor fétido producido por los cuerpos llamó la atención de los vecinos de la zona, que el jueves por la noche llamaron por teléfono a las autoridades para alertarlas del caso, pues según ellos el recinto, llamado Cremaciones El Pacífico, estaba abandonado desde hacía un año. “Llamamos al 066 (número de emergencia) porque el olor ya era insoportable. Lo comentamos con otros vecinos y se reportó”, dijo un vecino de la zona. Los habitantes negaron también haber visto alguna actividad irregular o personas desconocidas en los últimos días. “Aquí está todo tranquilo, yo no sabía que ya no funcionaba el crematorio, pero ya no veíamos a la gente entrar y salir de ahí”, comentó el mismo vecino. Hasta el lugar se acercaron integrantes de las policías federal, estatal y ministerial, así como la gendarmería, que acordonaron el área. Los cadáveres tenían cal encima para evitar el mal olor y ninguno había sido quemado. Cerca de la medianoche de ayer, terminaron de sacar los cadáveres en camillas y de llevárselos tapados con sábanas blancas al instituto forense local.

La fiscalía de Guerrero expresó que al no haber quemado los cadáveres, no fueron cumplidas las normas sanitarias de carácter federal, estatal y municipal. “Los delitos que investiga la fiscalía a raíz del hallazgo de los 60 cuerpos son contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, contra las normas de inhumación y atentado contra los muertos”, afirmó en un comunicado.

En la investigación fueron llamados a declarar la presidenta de la Asociación de Funerarias del Estado de Guerrero y los responsables de las funerarias de Acapulco para que den información sobre las personas enviadas desde 2013 a ese crematorio, llamado Cremaciones Pacífico SA.

Al parecer, el crematorio llevaba un año cerrado por quiebra o fraude hacia los deudores, expresó la fiscalía.

El inmueble permanece clausurado y resguardado por una veintena de agentes de las policías federal y estatal. En tanto, el fiscal General de Guerrero, Miguel Angel Godínez Muñoz, señaló que se giró una orden de localización para dar con el paradero del dueño del crematorio, Guillermo Estua Zardain. Además detalló que se pidió apoyo a la Interpol para ubicar al propietario del recinto.

El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, sugirió que el caso también podría tratarse de un fraude comercial. “La acumulación de 61 cadáveres en un crematorio de Acapulco, Guerrero, podría ser resultado de un hecho fraudulento de la empresa que simulaba incinerarlos”, expresó el comisionado. También expresó que, a partir de la información con la que cuenta la Procuraduría de Guerrero, los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado de incineración.

El estado de Guerrero es uno de los más pobres, con mayor presencia del crimen organizado y mayor conflictividad social de México. A unos 200 kilómetros de Acapulco se encuentra Iguala, el municipio en el que el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) de Ayotzinapa tras ser atacados por policías locales que los entregaron al cartel de Guerreros Unidos. Según el testimonio de algunos de los criminales detenidos desde entonces por ese caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un vertedero de la población vecina de Cocula.

El jueves, la Autopista del Sol, que une Acapulco con la capital mexicana, fue escenario de una manifestación de miles de personas para reclamar la aparición con vida de los alumnos de Ayotzinapa y exigir la salida del ejército de Guerrero. La marcha, que obstaculizó por varias horas el tránsito por uno de los carriles de la vía, fue liderada por los padres de los jóvenes desaparecidos, que se han declarado decepcionados y desmoralizados por el trato pasivo y poco comprometido del gobierno de Peña Nieto. En lo que va de su mandato, se encontraron ya 479 osamentas en fosas clandestinas en todo el país, según un reporte oficial.

El director para las Américas de Humans Right Watch, el chileno José Miguel Vicanco, se refirió a la delicada situación de seguridad interior que atraviesa el país. “México se encuentra hoy inmerso en la peor crisis de derechos humanos en años”, expresó el titular en el último informe del organismo sobre la situación de derechos humanos en América latina durante 2014.