El gobierno griego enviará hoy a los ministros de Finanzas de la Eurozona la lista con las propuestas de reformas, según lo acordado el pasado viernes con el Eurogrupo a cambio de la prórroga de la asistencia financiera. Según fuentes de Syriza, la lista incluirá todas las medidas del primer pilar del denominado Programa de Salónica, el plan elaborado por la coalición de izquierda antes de la campaña electoral que definía las líneas maestras que seguiría en caso de asumir el gobierno.

En este primer pilar se abordan las iniciativas abocadas a combatir la “crisis humanitaria” con planes de ofrecer electricidad gratuita y cupones de alimentos para 300.000 hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza, así como de posibilitar el acceso a la sanidad pública gratuita para todos los ciudadanos. También reintroduce la paga extraordinaria a las pensiones inferiores a los 700 euros.

Las enumeración incluirá además buena parte del segundo pilar del citado programa, en el que se aborda un plan para mejorar las posibilidades de devolver las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, así como la protección contra los desalojos de primeras viviendas. Las fuentes gubernamentales señalaron que en la lista se mencionará también la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, iniciativas para eliminar trabas burocráticas y la reforma de la administración pública.

Atenas y sus acreedores acordaron el viernes pasado una extensión por cuatro meses de los préstamos de “rescate” por 240.000 millones de euros que Atenas comenzó a recibir en 2010, con el fin de evitar una bancarrota del país, una corrida bancaria y, como peor escenario posible, una salida forzosa del euro. A modo de contrapartida, el gobierno de Alexis Tsipras debía comprometerse con medidas de control presupuestario para mantener a raya los déficit y mejorar la economía. Si bien la postura de Syriza se mantuvo firme en contra de la receta del ajuste, algunos especialistas han opinado que el país tendrá que ceder en varios puntos. Sus reformas, por ejemplo, necesitarán la aprobación de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI, una supervisión que Atenas había querido eliminar como parte de su campaña por recuperar la dignidad nacional.