Periodistas paraguayos protestaron ayer frente a la Fiscalía General de Asunción en repudio al asesinato del locutor Gerardo Servián, el quinto comunicador asesinado en un año y medio. Los periodistas afirmaron que la muerte de su colega es producto de lo que definieron como “narcopolítica” ejercida por el presidente Horacio Cartes.

Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP), condenó el asesinato de Servián. “Protestamos contra el gobierno de la narcopolítica, que es quien ha sesgado la vida de cinco compañeros en poco más de un año y medio. Desde que asumió (Horacio) Cartes la presidencia, la mafia asesina de forma impune”, expresó.

El conocido locutor fue acribillado a tiros el día jueves en la ciudad brasileña de Ponta Porá, que es fronteriza con la norteña ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, donde el periodista ejercía su profesión. Servián circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por una motocicleta con dos sicarios que luego se dieron a la fuga. Servián, de 45 años, trabajó como cronista en varias radios locales y últimamente estaba trabajando en la radio Ciudad Nueva. Durante la tarde del jueves, se trasladaba en su motocicleta en dirección a Pedro Juan Caballero utilizando la ruta del lado brasileño. A unos 200 metros del lado paraguayo, fue interceptado por una motocicleta con dos sicarios, quienes abrieron fuego contra el cronista, que recibió aproximadamente seis disparos que le ocasionaron la muerte casi instantáneamente.

El comisario del estado de Amambay, Gregorio Vázquez, indicó ayer que dos personas fueron aprehendidas bajo sospecha de ser los autores materiales del asesinato de Servián. Los dos sujetos capturados tienen antecedentes penales por otro delito cometido en Brasil. En este sentido, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, indicó que hasta el momento no hay evidencias que expliquen el porqué del asesinato de Servián, si bien adjudicó cierto peso a una posible vinculación con narcos. “Respecto del móvil del crimen, en la frontera siempre está latente la vinculación con el narcotráfico y otros hechos punibles de esta manera agresiva y violenta que ellos definen su situación”, dijo.

Por su parte, el hermano del locutor, Kiko Servián, expresó ayer su dolor por lo sucedido y no dudó en adjudicar el crimen a una cuestión política. “El (Gerardo Servián) hablaba mucho de la cuestión de la intendencia, de las elecciones municipales. Por eso lo que suena fuerte es una cuestión política”, dijo. Aseguró que la ausencia del Estado en la zona es total y que ni él ni su familia confían en la investigación de las autoridades nacionales. “Hace falta que el Estado se haga presente acá con policías honestos, no corruptos, y que haya gente seria para tomar la cuestión de la seguridad en la frontera. Todo es terrible aquí, tenés que saber dónde pisar, qué camino tomar. Es un enfrentamiento diario”, puntualizó el hermano del periodista, quien aseguró que los enfrentamientos entre narcos son moneda corriente en la zona.

Los manifestantes exigieron además que Brasil extradite al ex alcalde del oficialista Partido Colorado de la ciudad paraguaya de Ypehú, Vilmar “Neneco” Acosta, acusado por el asesinato de otro comunicador y su acompañante, detenido el miércoles en la ciudad brasileña de Navirai, en Mato Grosso do Sul, tras pasar cinco meses prófugo de la Justicia. A Acosta se lo buscaba como autor intelectual del asesinato del corresponsal del diario paraguayo ABC Color Pablo Medina, y de su asistente, Antonia Almada, en un hecho que puso en evidencia la llamada “narcopolítica”.

Ortiz aseguró que el gremio está preocupado por la actuación de los grupos mafiosos y la impunidad con que se manejan. “Los mafiosos se sienten con absoluta libertad para actuar, se sienten parte de este gobierno, de los que hoy están destrozando al poder público en Paraguay. Ahora en este país gobierna el crimen organizado”, dijo. Los comunicadores reclamaron también que el ministerio público paraguayo apoye a Brasil en la investigación del asesinato de Servián. Y exigieron al gobierno y a las patronales que garanticen la seguridad de los trabajadores de prensa para el libre ejercicio de la profesión. “Pedimos que se investigue la vinculación del crimen organizado con la política y se lleve a los culpables a la Justicia”, insistió Ortiz.