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Dilma Rousseff lanzó un programa anticorrupción tras las protestas del domingo en contra de su gobierno. La presidenta de Brasil anunció una serie de medidas con el objeto de reforzar el combate a la corrupción y dijo que tiene el orgullo de ser la presidenta que dará los primeros pasos de una transformación cultural en ese sentido. “Tenemos que crear una nueva moral pública republicana, democrática e igualitaria en los derechos civiles. Sé que es un trabajo de más de una generación, pero estamos orgullosos de haber comenzado. Quiero, por lo menos, tener el orgullo de ser la presidenta que dio los primeros pasos para la transformación cultural que construya ese proceso”, dijo la mandataria en un acto en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, frente a todo su gabinete y miembros de los tres poderes de la Nación.

Una de las medidas anunciadas, que como las otras depende de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal ocultar el dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, práctica considerada como infracción de tipo electoral y castigada con sanciones administrativas. “Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró la mandataria. Otras medidas proponen agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.

También se propone extender a todos los empleados públicos una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que se postulen a cargos oficiales si responden a algún antecedente o proceso contra el patrimonio público o de tipo penal. Asimismo, propone revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes con sus ingresos.

La última medida anunciada en el paquete reglamenta una ley contra la corrupción referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario. Esta norma puede afectar directamente a dieciocho empresas privadas contra las que la Contraloría General inició procesos administrativos por su supuesta participación en la red de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.