“Esto nos llena de bronca porque es un marcado giro en la impunidad para seguir protegiendo a los civiles que participaron del golpe genocida”, dijo ayer Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, al conocer la falta de mérito que la Justicia le dictó a Agustín Botinelli, uno de los ex directivos de Editorial Atlántida imputados en la causa por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. “A mis viejos los habían asesinado los milicos y a mí me arman fotos, con mis dos años, en una cuna rodeada de armas”, recuerda al referirse a las notas publicadas en las revistas Gente, Para Ti y Somos, en las que decía que ella era “víctima de sus padres subversivos”.

También están imputados el periodista Samuel Gelblung, ex director de Gente, y Héctor D’Amico, quien dirigía Somos.”’Supuestos terroristas que dejaron de ser personas y se convirtieron en desalmados, fabricantes de huérfanos’, son las cosas más leves que dijeron al reivindicar el asesinato de mis padres”, recuerda la mujer. Tras sucesivas dilaciones por conflictos de competencia, el juez federal Sebastián Casanello se quedó con la denuncia de Barry, mientras que su colega Sergio Torres investiga un hecho similar del que fue víctima Thelma Jara de Cabezas.

Barry, militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), afirmó que “fueron necesarios más de 20 años de pelea firme para que Botinelli fuera indagado sólo por uno de los casos en los que participó, en el que fraguó una entrevista a Thelma Jara en la revista Para Ti, detenida desaparecida en la ESMA, y ahora la Justicia le dicta la falta de mérito en una resolución de la Sala II de la Cámara Federal que es un nuevo ataque a todos los que padecimos la desaparición de nuestros padres, a nuestra propia vida”. Y recordó: “Este ex directivo de Atlántida debe ser indagado también como responsable de que se usara mi imagen para una campaña a favor de la dictadura, cuando yo tenía dos años y mis padres acababan de ser asesinados”. Barry anunció que “este 24 de marzo vamos a movilizarnos para rechazar este fallo, que es parte de una oleada de resoluciones reaccionarias que protegen a los empresarios que fueron parte del proceso genocida”, en alusión a la mejora en la situación procesal de los empresarios Carlos Blaquier, Vicente Massot, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.