Venezuela denunció ayer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el bloqueo de cuentas de algunos de sus diplomáticos en Estados Unidos y que las sanciones impuestas por este país desembocarán en una intervención militar. Washington rechazó de plano las denuncias de Caracas y negó cualquier intento de desestabilizar al gobierno.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Michael Fitzpatrick, fueron los principales disertantes de la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente del organismo realizó ayer para analizar la situación derivada del decreto de Washington del 9 de este mes, que declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional e impuso sanciones económicas y migratorias a siete funcionarios venezolanos. “A raíz de este decreto, algunas cuentas de misiones diplomáticas ya fueron bloqueadas; tenemos pruebas de ello, tenemos comunicaciones de bancos donde nos informan que nuestras cuentas han sido bloqueadas en ocasión de las sanciones”, afirmó Rodríguez, quien señaló que la emanación de leyes de esa naturaleza precede a intervenciones militares, económicas y políticas. “Las sanciones llevan a la violencia, a la muerte y a la violación de los derechos humanos. Con el decreto, Washington pretende poner manos sobre los recursos naturales estratégicos venezolanos como el petróleo”, dijo la funcionaria. Y advirtió que el pueblo venezolano no permitirá que se violente su soberanía económica, cultural ni política. Además, exigió un diálogo en condiciones de respeto e igualdad con Estados Unidos.

En respuesta, Fitzpatrick afirmó que la decisión planteada por el presidente Barack Obama fue mal interpretada. “No estamos preparando una intervención militar, no estamos buscando desestabilizar o derrocar al gobierno de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro, no estamos participando de una conspiración internacional para dañar la economía venezolana o a su pueblo; somos el mayor socio comercial de Venezuela”, aseguró el diplomático. Fitzpatrick explicó que el decreto que estableció las sanciones a Venezuela debe considerarse como un derecho soberano que se ejerce para proteger las prerrogativas migratorias en Estados Unidos y al sistema financiero contra inversionistas no deseados. Añadió que se trata de una legislación interna que no tiene aplicación extraterritorial y que en el pasado Estados Unidos declaró emergencias como la aplicada en el caso de Venezuela en múltiples ocasiones. “Lo que buscamos es prevenir que individuos venezolanos que creemos que violaron los derechos humanos de otros venezolanos viajen a Estados Unidos o estacionen su dinero en nuestro sistema financiero, así de simple”, indicó Fitzpatrick. Tras escuchar las intervenciones de Rodríguez y de Fitzpatrick, el canciller argentino, Héctor Timerman, aseguró que lo “tranquilizó” saber que para la administración Obama, Venezuela “no es una amenaza”, por lo que reclamó que Estados Unidos deje sin efecto el decreto del 9 de marzo.

Por otra parte, el saliente secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, advirtió que el aumento de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos puede tener consecuencias “impredecibles” y llamó al organismo a buscar la concordia entre los dos países y a mejorar el clima para la Cumbre de las Américas que se celebrará el 10 y el 11 de abril próximo en Panamá. “Las consecuencias de las escaladas son siempre impredecibles porque generalmente son interpretadas de una y otra parte en una manera que lleva a un aumento de la tensión”, dijo el ex canciller chileno al abrir la sesión.

Mientras tanto, organizaciones chavistas instalaron ayer 13.682 puestos callejeros en toda Venezuela con el objeto de recolectar 10 millones de firmas para avalar el pedido de derogación del decreto de Obama y que el gobierno de Maduro planea llevar a la Cumbre de las Américas. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dijo que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) propuso solicitar la derogación del decreto. “La Unasur tomó una decisión unánime en Quito el sábado, rechazando ese decreto, pidiendo al presidente Obama que derogue esa orden, pero también llamando al diálogo, porque creemos que la manera de resolver los problemas es a través de las vías diplomáticas y del diálogo”, dijo el representante ecuatoriano. Patiño agregó que junto a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unasur está analizando un documento para repudiar las acciones tomadas contra Venezuela.